El motivo de esta visita histórica es la participación de Moratinos en la reunión ministerial del Foro de Diálogo junto a su colega británico, David Milliband, y el ministro principal, Peter Caruana, según una nota del Ministerio español de Asuntos Exteriores.
La reunión se ha anunciado después de varios días de incertidumbre sobre la celebración del encuentro y "tras haber sido resueltas todas las cuestiones relevantes", entre ellas la cooperación marítima en las costas que rodean al Peñón.
Según la nota, la convocatoria se produce "tras haber sido resueltas todas las cuestiones relevantes", aunque no precisa de qué forma se ha solventado la última disputa surgida en torno a la soberanía de las aguas que rodean al Peñón y que Caruana había señalado como el "escollo" que estaba complicando la celebración del encuentro, ni qué temas se abordarán en el Foro. Aunque Exteriores no ha concretado la agenda de Moratinos en Gibraltar, fuentes diplomáticas han informado a Europa Press que no habrá entrevista bilateral con Miliband en el Peñón, pero sí está previsto que ambos se reúnan un día después en Córdoba.
Las alarmas sobre la posibilidad de que la visita de Moratinos se truncase saltaron el 7 de julio pasado, cuando el ministro principal del Peñón, Peter Caruana, advirtió en Madrid de que un nuevo "escollo" relacionado con la disputa sobre la soberanía de las aguas estaba dificultando la celebración del encuentro. Todo surge, según Caruana, de la decisión de España de incluir en una lista europea de hábitats naturales un entorno denominado 'Estrecho Oriental', que engloba las aguas que rodean al Peñón en su zona este y que integran un área menor que previamente Reino Unido registró como británica.
La Comisión Europea, a instancias del Gobierno español, incluyó en esa lista el 12 de diciembre pasado este nuevo entorno que ocupa un total de 23.642 hectáreas y que engloba un hábitat que el Ejecutivo comunitario reconoció a Reino Unido en 2006 bajo la denominación de 'Aguas sureñas de Gibraltar'. Reino Unido y Gibraltar vienen reclamando como propias hasta tres millas de las aguas que rodean el Peñón, mientras que España no les reconoce más que las del interior del puerto, ya que por el Tratado de Utrecht de 1713 sólo cedió a la Corona británica la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensas y fortalezas, pero no así el istmo, ni las aguas territoriales o el espacio aéreo.
Las pretensiones de Caruana
El Gobierno de Caruana llegó a exigir como condición para que la visita de Moratinos pudiera realizarse que España renunciara a esa zona acuática en disputa, aceptando que cualquier convenio de cooperación que sellen las tres partes se enmarque en el statu quo anterior a la decisión española. Y también urgió a Reino Unido a que antes del 15 de agosto apoye su intento de llevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE, con el objetivo de revertir la decisión de la Comisión Europea.
Esta polémica puso en peligro que los tres Gobiernos cerraran un acuerdo sobre cooperación marítima y medioambiental que permitiría que, en caso de accidente, los equipos de salvamento español pudieran actuar en aguas que Gibraltar reclama como británicas, sin que esto suponga que el Peñón y el Reino Unido renunciar a ejercer su jurisdicción sobre las mismas.
Al final, y a pesar de la actitud del Gobierno de Gibraltar, que llegó a pedir la colaboración ciudadana para alertar de la presencia "ilegal" de la Guardia Civil en aguas que reclama como propias, los tres Gobiernos han decidido seguir adelante con la cooperación tras días intensos de negociación, aunque nadie ha confirmado si el acuerdo sobre cooperación marítima saldrá adelante.
Al margen de este convenio, los tres Gobiernos negociaban la posibilidad de que el Gobierno español firme con Gibraltar un acuerdo para el intercambio de información fiscal similar a los que el Peñón ya ha sellado con Estados Unidos e Irlanda con el objetivo de salir de la lista gris de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según expresó Caruana el pasado siete de julio en Madrid, el Gobierno español tendría "voluntad" de suscribir este convenio, después de que Reino Unido le haya explicado que la firma por parte de Gibraltar de estos acuerdos se hace "por expresa autorización" del Gobierno británico, "responsable de los asuntos exteriores" y "no por capacidad autonómica" de sus territorios de ultramar, como Gibraltar, Bermudas o las Islas Caymán de "contraer tratados internacionales".