En el escrito presentado por Carmen Flores se acusa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de haber preparado un concurso público de adjudicación de subvenciones para favorecer a la Clínica Triana, de Sevilla, y a Atocha Ginecología, de Málaga, que venían prestando servicio al ente público desde hace años.
Flores señaló que el colectivo que preside "no rechaza el derecho el aborto en las formas y maneras que la ley establece", pero que sí lo hace, y de manera "categórica" cuando "se hace en clínicas privadas y con dinero público".
A este respecto, la presidenta acusó al SAS de "haber regalado" a estas dos clínicas "unos cinco millones de euros", una cantidad de dinero con la que, a su juicio "podrían paliarse los problemas de personal y lista de espera de los servicios sanitarios, en especial los de urgencias".
Por todo ello, Flores expresó al jefe del Ejecutivo "la depuración de responsabilidades de la consejera de Salud, María Jesús Montero, y de todos aquellos que hayan intervenido en la concesión de estas subvenciones públicas".
Ya este miércoles, Montero explicó que el SAS "no amañó nada" y que la resolución judicial "sólo paralizaba el proceso en virtud de un requisito, el del número de casos atendidos, que le pareció arbitrario".
Como defensa, la consejera indicó que la exigencia de 500 abortos atendidos era "una garantía de la diligencia de los profesionales de los centros presentados". Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, exigió que Montero explicase el caso en el Parlamento "en cuanto se reanuden las sesiones".