La sede del PP, en la madrileña calle Génova, sigue sin ser "segura". Así lo han vuelto a denunciar dos de los principales dirigentes del partido: María Dolores de Cospedal y Esteban González Pons.
El dardo lo lanzaba el vicesecretario de comunicación de los populares en RNE. Según denunció, "en el PP hoy no se habla por teléfono con seguridad". Y añadió: "se tiene la sensación de que se utilizan los medios del estado para perseguirnos".
Tras la habitual reunión de los lunes del Comité de Dirección del PP, su jefa María Dolores de Cospedal ratificaba todo lo dicho por Pons y se felicitaba porque los jueces hayan admitido a trámite sus denuncias, centradas en las filtraciones pero no los supuestos pinchazos telefónicos.
Sin embargo, mientras la número dos de la formación comparecía, Mariano Rajoy respondía en los siguientes términos sobre este asunto en elmundo.es: "no puedo decir que a mí me hayan pinchado el teléfono".
El PP "va a seguir" dando la batalla
Preguntada por Libertad Digital, la secretaria general del PP aseguró que su partido "va a seguir" dando la batalla sobre las escuchas ilegales -citó el informe que está preparando Soraya Sáenz de Santamaría a este respecto- si bien su prioridad es la grave crisis económica que azota a España.
Eso sí, un día más, y otra vez pese a la insistencia de los informadores, la número dos de los populares no ha aportado ningún tipo de prueba que demuestren tales acusaciones y tampoco ha dado los nombres de aquellos que todavía hoy tienen "la sensación" de ser espiados telefónicamente.
Por su parte, y como el domingo hiciera Esteban González Pons, ha apuntado a la Fiscalía como epicentro de las filtraciones que han tenido como objetivo acabar con el PP. Para Cospedal, esta institución "debe defender la legalidad" así como "la defensa del Estado de Derecho" mientras que en realidad está absorta en la "inactividad".
Acusa al Gobierno de "tratar de presionar" al TC
Ya en otro orden de cosas, la secretaria general del PP ha acusado al Gobierno de "tratar de interferir" y de "presionar" al Tribunal Constitucional sobre la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.
"Es vergonzoso y vergonzante para la sociedad española que el TC lleve más de tres años analizando la constitucionalidad del Estatuto catalán y que no se haya pronunciado aún", ha resaltado. Además, ha puesto en evidencia que el Ejecutivo está diciendo al tribunal "lo que tiene que hacer y decir" y ha puesto como ejemplo las amenazas de los ministros de Justicia, Francisco Caamaño, Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Trabajo, Celestino Corbacho.
A renglón seguido ha hecho hincapié en que esa actitud de tratar de interferir en las decisiones del Tribunal "no se compadece" con el principio de separación de poderes recogido en la Constitución y supone "un tremendo error y un flaco servicio a la democracia".