En un encuentro organizado el jueves por Unión Profesional, con la colaboración de las asociaciones de periodistas económicos (APIE), jurídicos (ACIJUR) y sanitarios (ANIS), destacados políticos y miembros del sector han debatido el impacto que tendrá la reforma en los colegios profesionales.
¿En qué consiste la reforma de los colegios profesionales?
A través de la reforma de los colegios y servicios profesionales que ha puesto en marcha el Gobierno se quiere modernizar un subsector que genera el 8,8% del Producto Interior Bruto y supone el 6,1% del empleo total (existen alrededor de un millón de colegiados y suponen el 30% del empleo universitario). Será a través de tres las leyes y un real decreto como se lleve a cabo la reforma de los colegios:
1. Transposición de la directiva de Servicios: Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (Ley Paraguas). Actualmente en el Congreso en fase de proyecto de ley.
2. Ley Ómnibus: Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Paraguas. Modifica toda la normativa que pueda ser incompatible con la Ley Paraguas. Actualmente en el Congreso en fase de proyecto de ley.
3. Ley sobre colegiación (Ley de Servicios Profesionales): definirá qué profesiones mantienen un control universal de sus profesionales ejercientes (a través de la colegiación) y cuáles no. Tendrá que ser remitido por el Gobierno a las Cortes Generales en el plazo de 12 meses tras la aprobación de la Ley Ómnibus.
4. Real Decreto sobre visado: definirá qué visados son obligatorios y cuáles dependerán de la voluntad del cliente. Tendría que estar aprobado por el Gobierno cuatro meses después de ser aprobada la Ley Ómnibus.
Durante la jornada, además de los representantes de los distintos sectores profesionales, acudieron como ponentes los diputados de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y de Convergencia i Unió (CiU).
Para Celso Delgado, diputado popular, tras la transposición "los colegios deben seguir jugando un papel importante en nuestra sociedad", y para ello, en su grupo, "han estudiado parte de las sugerencias aportadas por los colegios profesionales, entre las que se encuentran el mantenimiento de la colegiación obligatoria". Delgado sugería durante su intervención la intención de fusionar lo que dice la norma europea y las reflexiones que en este encuentro estaban brotando.
Meritxell Batet, representante del grupo parlamentario socialista, ha recordado que entre los objetivos de la transposición de la Directiva Bolkenstein, entre los que se encuentran la modificación de la relación entre la Administración Pública y la ciudadanía, la homologación de los distintos sectores con los países miembros de la Unión Europea (UE) y el aumento de la liberación del sector servicios con el fin de potenciar la competitividad en toda la UE.
Y aunque aconsejó a los colegios profesionales no quedarse en "discusiones simplistas" (colegiación obligatoria o visado), también trasladó desde su grupo parlamentario un mensaje de confianza: "Confiamos en los colegios profesionales, básicamente porque confiamos en que tenemos buenos profesionales". Y añadía que en este momento es aconsejable "apartar los miedos".
En la mesa redonda, El Congreso ante la reforma, Jordi Jané, diputado de CiU reconocía el "encaje constitucional" de estas instituciones colegiales, a las que según su opinión, el legislador no está considerando lo suficiente de cara a la aprobación de la Ley de modificación para la adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, más conocida como Ley Ómnibus.
Jané considera que esta ley "va más allá de lo que expone la Directiva de Servicios sobre los colegios profesionales. No tienen en cuenta a los colegios y se precipita". Por esto, CiU "escucha su preocupación y apoya la elaboración de una nueva ley de colegios profesionales".
Los consumidores y usuarios han estado representados en el encuentro profesional por Antonio Joya, Director de Relaciones Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quien ha querido dejar claro que tampoco se ha contado con su organismo para la elaboración de esta ley -Ley Ómnibus- y que a su modo de ver, la pretensión de la Directiva de Servicios es favorecer la transparencia en la labor de estas instituciones colegiales.
Tomás González Cueto, Abogado del Estado (exc.), en la apertura de la jornada El impacto de la reforma de los colegios profesionales, advertía de la presión que desde el Gobierno se ejerce sobre estas "peculiares administraciones públicas" para cumplir con los compromisos europeos. Algo en lo que coincidió con Jordi Jané, al referirse a la obligación trasladada por el Ministerio de Economía para que las organizaciones colegiales modifiquen sus estatutos con arreglo a una reforma que aún no ha sido aprobada.
Los colegios profesionales tienen para González Cueto, competencias propias y de control de las profesiones, por lo tanto, poseen legitimación social, cuyo último beneficiario es el consumidor o usuario.
Ante esta situación, las profesiones, ha señalado el presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, han demostrado "lealtad y colaboración estrecha en el proceso de la ley paraguas" y mantienen dicho "espíritu de colaboración con las administraciones públicas para mejorar los intereses de la ciudadanía en general".
Este concepto ha sido corroborado por todos los representantes de los sectores profesionales, quienes aplauden el interés por parte del Gobierno de impulsar la modernización de unas entidades que llevan demandando este impulso largo tiempo: "Una nueva Ley de colegios profesionales" que sustituya a la de 1974.
Las profesiones jurídicas, económicas, técnicas y sanitarias están de acuerdo en el fondo pero no tanto en la forma del proceso de reforma, que consideran demasiado precipitado.
Coinciden en señalar los obstáculos principales: la puesta en duda de la colegiación obligatoria y la eliminación de la obligatoriedad de visados. Ambas propuestas no serán aprobadas completamente hasta dentro de algunos meses, los suficientes como para que el Parlamento pueda decidir qué profesiones pueden contar con una y con otro.
Las profesiones han querido dejar claro la necesidad de ambos procesos (colegiación y visado) en el siglo XXI, pues son garantía de cumplimiento de derechos fundamentales como la protección máxima del ciudadano al justificar con estas herramientas que ha sido atendido por un profesional con la titulación adecuada para realizar un proyecto que cumple todos los requisitos que su corporación colegial le exige. Se trata, como ha recordado Carlos Carnicer, de "conservar los valores que tienen que ver con el bienestar social".