Ante el tribunal de la Sección Séptima que ha juzgado el caso, presidido por Ángela Acevedo, tanto Cortina como Alcocer y el abogado Ramón Hermosilla declinaron ejercer su derecho a la última palabra.
El resto de acusados son el abogado Ramón Hermosilla, el letrado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, la documentalista Glória Álvarez, y los hermanos José María y Francisco Javier Arnáiz del Barco.
Durante su intervención final, Peláez ha afirmado que "no admite" que se afirme el haber "traicionado a sus clientes", ya que ha preferido "seguir en el banquillo en contra de su interés personal y profesional".
"Si hubiera aceptado la vil propuesta de Sentieri de declarar en contra de 'los Albertos' hubiera tenido que mentir", ha afirmado, antes de concluir que "no conoce nada ilícito ni irregular" en la conducta de 'los Albertos' y el abogado Ramón Hermosilla.
Por su parte, Álvarez, se ha declarado "inocente", ha negado haber "mentido" y ha afirmdo que "volvería a actuar de la misma manera", en función del "del libre ejercicio de su profesión para colaborar con las autoridades".
De su lado, Javier Arnáiz, ha explicado que "uno no puede estar acusado por algo que no ha hecho" y ha dicho ser "un cabeza de turco" de los abogados de 'los Albertos' para "recibir los golpes". El acusado ha negado la veracidad de los faxes supuestamente intercambiado entre él y los letrados, donde se relata la secuencia de la supuesta trama.
'Los Albertos', los Arnáiz y Álvarez se enfrenta a penas de hasta ocho años y cuatro meses de cárcel. La pena máxima solicitada para Hermosilla y Peláez es de cuatro años y cuatro meses. El Ministerio Fiscal no acusa a los empresarios ni a sus letrados, mientras que San Martín tampoco responsabiliza de la trama a los dos abogados.
El juicio se celebró desde el pasado 14 de septiembre y estuvo marcado por la presencia de testigos de excepción como el presidente del Real Madrid y ACS, Florentino Pérez, o el decano del colegio de abogados de Madrid y consejero independiente de Repsol y Barclays, Antonio Hernández-Gil.
El caso se remonta a marzo de 2003 cuando, después de que el Supremo condenara a los dos primos por el caso Urbanor, firmaron un contrato con los hermanos José María y Javier Arnaiz para la búsqueda de pruebas exculpatorias a cambio de 4,9 millones de euros.
Pocos días después de la firma de ese contrato, Gloria Álvarez, amiga de uno de los Arnaiz, presentó una denuncia ante la Fiscalía con una copia de la carta, que supuestamente había recibido de forma anónima en el buzón de su oficina.
En esa misiva el socio minoritario de "los Albertos" en Urbanor, Pedro Sentieri, admitía supuestamente que tanto él como el constructor Julio San Martín conocían la existencia de dos precios para la compra de terrenos de la sociedad Urbanor, lo que implicaba un delito de falso testimonio al ser lo contrario de lo que afirmaron ante los tribunales.
Tras las pruebas periciales que apuntaban que la firma de la carta era auténtica pero que el texto había sido escrito en un momento diferente, el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid sobreseyó las actuaciones contra Sentieri y San Martín, e incoó diligencias contra "los Albertos", los Arnaiz y Gloria Álvarez.
El fiscal sólo acusa a estos tres últimos, mientras que la acusación de San Martín se dirige también contra "los Albertos" y las acusaciones particulares de Sentieri y sus socios, también contra sus abogados.