El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado este jueves que la Abogacía del Estado requerirá al Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa) que cese a la alcaldesa de la ilegalizada ANV, Marian Beitialarrangoitia. La regidora fue condenada por la Audiencia Nacional el pasado mes de junio a un año de cárcel y 7 de inhabilitación por un delito de enaltecimiento del terrorismo.
La proetarra fue procesada después de que en un mitin de proclamación de las listas de las formación ANV en enero de 2008 pidiese a los asistentes que aplaudieran a los presuntos autores del atentado de la T4, Igor Portu y Martin Sarasola.
Sin embargo, y debido a que no tenía antecedentes penales, Beitialarrangoitia no llegó a ingresar en prisión y continúa al frente del Consistorio guipuzcoano.
Primera iniciativa del Gobierno
La iniciativa anunciada este jueves por el Gobierno se traduce en la primera vez que el Ejecutivo pide que se cese a uno de los alcaldes de la ilegalizada ANV. Esta decisión se produce después de que este jueves se conociese que la Junta Central Electoral, en una decisión sin precedentes hasta ahora, haya declarado a la edil inelegible para su cargo.
La abogacía del Estado sostuvo en un recurso que debía aplicarse el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en los términos previstos en la legislación penal". La sentencia que condena a la alcaldesa de Hernani no es firme aún.
Por su parte, el ministro de Justicia ha señalado este jueves que "es una preocupación para el Gobierno que personas que estén inhabilitadas para su cargo que pertenecen a partidos o fuerzas políticas declaradas ilegales permanezcan en los órganos de representación".
La decisión, en manos del Ayuntamiento
Ahora, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento que es quien debe proceder a la inhabilitación formal una vez que haya recibido el requerimiento por parte del Ejecutivo. En este sentido, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, ha anunciado este jueves en Bilbao que el Gobierno de España, con el impulso del Ministerio de Justicia y del Interior y con el asesoramiento de la Abogacía del Estado requerirá al Ayuntamiento de Hernani "para que cumpla las previsiones que señala la Ley Orgánica del Régimen Electoral General cuando hay un cargo publico que es condenado por terrorismo y esa condena lleva también aparejada delito de terrorismo y la inhabilitación".
En caso de que el Gobierno local, en manos de la organización terrorista se negase a hacerlo, Caamaño ha afirmado que la Abogacía del Estado recurriría dicha decisión. "Si el Ayuntamiento procediese tal y como corresponde pues sencillamente se produciría esa sustitución, sino fuera así abría que estudiar la respuesta del Consistorio y la Abogacía del Estado adoptaría las medidas necesarias y se demandaría al entidad local".