Este proyecto podría haber sido vital para la regeneración del tejido industrial y económico de una de las provincias, Cádiz, con más paro de España. La terquedad de un gobierno empeñado el saltarse las leyes a la torera ha conducido a la actual situación, para desesperación de los colectivos afectados como el de Delphi, entre otros.
El texto del fallo de la sentencia es el que sigue: "FALLAMOS
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo nº 446/2007 interpuesto en representación de WWF-ADENA contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 200'7 por la que se declara zona de reserva una superficie 287 hectáreas de suelo de dominio público marítimo-terrestre situada dentro de las 527 hectáreas que integran el área de Las Aletas, término municipal de Puerto Real (Cádiz), con los siguientes pronunciamientos:
1. Queda anulado y sin efecto el referido acuerdo del Consejo de Ministros en cuanto se refiere a la declaración de la zona de reserva demanial.
2. Queda asimismo anulada la estipulación tercera del Convenio suscrito con fecha 30 de abril de 2007 entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía (publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 117 de 16 de mayo de 2007) en cuanto dicha estipulación incluye en su ámbito territorial, junto a otros terrenos, las "...287 hectáreas de suelos de dominio público marítimo terrestre afectos a la reserva acordada por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27 de abril de 2007".
3. No se imponen las costas de este proceso a ninguno de los litigantes.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos. mandamos y firmamos."
Aunque el Tribunal no acepta que la decisión del gobierno de intervenir económica en la zona sea ilegal, no admite la legalidad del proyecto en sí. "No tiene razón la parte demandante cuando alega que la finalidad para la que .se establece la reserva queda fuera del ámbito de competencias de la Administración del Estado. Siendo el objetivo reconocido de la declaración de la reserva el de estimular el desarrollo productivo y tecnológico del área de la Bahía de Cádiz, promoviendo un foco de actividad empresarial que genere un efecto tractor en la economía de este ámbito subregional, no puede sostenerse que esa iniciativa de estímulo y fomento sea ajena a las competencias de la Administración del Estado, y más concretamente, a las que son propias del Ministerio de Economía y Hacienda", expresa.
Pero a continuación dice: "... no encuentran encaje en esa regulación legal y reglamentaria una declaración de reserva como la que aquí nos ocupa, que, aparte de incurrir en las notas de generalidad e imprecisión a que ya nos hemos referido, pretende posibilitar la realización de obras y instalaciones que inevitablemente van a desnaturalizar los terrenos demaniales haciéndoles perder de forma irreversible aquellas características naturales que determinaron su inclusión en el ámbito del dominio público marítimo terrestre."
Y añade que "para que la declaración de reserva sea ajustada a derecho debe quedar debidamente justificado que las actividades e instalaciones allí contempladas han de asentarse en terrenos de dominio público porque, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación", osa que la sentencia no ve acreditada. Continúa diciendo que "si atendemos al enunciado de usos permitidos que se hace en el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado -logístico, tecnológico, industria no contaminante de última generación, empresarial y de servicios a empresas, científico en función de apoyo a los anteriores- parece claro que no se trata de actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación....sin necesidad de examinar aquí la singularidad de cada una de esas actividades, bastará con señalar que se trata de meros ejemplos incluidos en un informe, no existiendo en el acuerdo del Consejo de Ministros. ninguna indicación de que sean sólo empresas e instalaciones de esa índole las que podrán ubicarse en el ámbito de la reserva. Muy por el contrario, el enunciado de usos contenido en el acuerdo del Consejo de Ministros, precisamente por su amplitud y generalidad, deja abierta la posibilidad de que en la extensa superficie de terreno que abarca la reserva (286 Hectáreas) se ubiquen empresas y actividades de muy diversa clase yen nada similares a las que el mencionado informe cita como ejemplo."
La pelea política
Ya hace tiempo cuando el Tribunal Supremo ordenó la paralización de las obras al incumplir la Ley de Costas, Javier Arenas, presidente del PP andaluz, dijo que lo ocurrido era un "monumento a la incompetencia" ya que el Ejecutivo andaluz "es incapaz de mejorar la gestión de los recursos públicos y día a día está siendo desautorizado por los tribunales".
El presidente de la Diputación, el socialista Francisco González Cabaña, respondió a aquellas palabras del popular llamando a Arenas "buitre carroñero".
Lo cierto es que pocos pueden explicarse que un proyecto industrial de más 300 millones de euros de inversión y 10.000 empleos de expectativa, proyecto que se ha propagado publicitariamente en campañas electorales, en programas de televisión y en todas partes, se quede en el tintero porque el gobierno y la Junta han sido incapaces de hacer lo correcto jurídicamente o de estudiar debidamente la legalidad del proyecto, con miles de asesores, abogados del Estado y expertos de todo tipo.
¿Que pasará ahora?
Según ABC, reanudar la construcción del polígono industrial de Las Aletas de Puerto Real no va a ser tan fácil como ha intentado hacer ver la Junta de Andalucía. La sentencia del Tribunal Supremo, que paralizaba la construcción del parque empresarial por infringir la Ley de Costas, ahora será utilizada por los antiguos propietarios para anular la expropiación, según empezaron ayer a anunciar algunos de ellos.
El consejero de Gobernación, el gaditano Luis Pizarro, manifestó anteayer que la sentencia se basaba en un defecto de forma que podía ser subsanado por el Consejo de Ministros, pero el Supremo anula el acuerdo del Consejo de Ministros que reservó zona de dominio público marítimo -terrestre para hacer el polígono porque el Gobierno no justificó la necesidad de construirlo justo en ese lugar, unas marismas protegidas por la Ley de Costas y por ser Parque Natural.
Los propietarios consideran que el nuevo estado de cosas que dibuja el fallo del Alto Tribunal paraliza el polígono. Si ya no está justificado que allí se construya un parque industrial, ya no hay interés general que justifique la expropiación, mantienen Gómez y otros propietarios.
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, dijo ayer que la anulación por parte del Tribunal Supremo del proyecto para el polígono industrial de Las Aletas en Cádiz ha sido un "monumento a la incompetencia" del Gobierno andaluz, "tras diez años intentando ponerlo en marcha".
Según El País, el fallo no será recurrido porque la sentencia no da margen para ello. Junta y Gobierno buscarán ahora fórmulas legales para que el proyecto pueda continuar. El proyecto fue también anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dio la razón a los dueños que denunciaron las expropiaciones. "El colmo fue que a la Junta se le pasó el plazo para recurrir al Supremo", añade maliciosamente el diario de Prisa Para subsanarlo, los promotores han vuelto a empezar el mecanismo de expropiación con unos propietarios que hasta ahora ejercían presión para reclamar más dinero.
Datos para una historia de la incompetencia
En 2004, la consejería de Obras Públicas del gobierno Chaves declaró estos suelos como zona de especial reserva para la localización de actividades (Zerpla) y en 2007, el gobierno Zapatero autorizó la reserva del dominio público marítimo terrestre.
Ya en febrero de 2008, el TSJA anuló el plan de Las Aletas ante la demanda de los propietarios de los suelos contra las expropiaciones. La Junta inició en 2009 otro proceso de expropiaciones. En septiembre de este año se han iniciado las obras.
El 13 de octubre de 2009 se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que anula el proyecto al atender una denuncia de Adena por la ocupación suelos protegidos.