Según la resolución del Consejo de esta comisión, la CNC sospecha que han existido en el seno de Unesa posibles acuerdos sobre las estrategias a seguir por las cinco grandes, Endesa, Iberdrola, HC Energía, Unión Fenosa y E.on, para obstaculizar el derecho de las distribuidoras y comercializadoras independientes de acceder al Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS).
Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación y no prejuzgan su resultado. En ese sentido, la CNC señaló que en caso de confirmarse las sospechas se procedería a incoar un expediente formal que supondría una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras.
Pese a eximir a Unesa de cualquier responsabilidad y trasladarla a sus miembros, la CNC le pide que "extreme la diligencia en el ejercicio de sus facultades" y alude a la "singular naturaleza" de la asociación, "integrada por un número reducido de operadores, pero económicamente potentes, que actúan como monopolios territoriales en el ámbito de la distribución" y que "no integran a todos los operadores en el sector eléctrico".
La investigación comenzó después de la presentación en febrero de 2008 de un recurso por parte de Unesa ante la Audiencia Nacional en la que se pedía la suspensión y anulación de la disposición de la orden ministerial de las tarifas eléctricas de enero 2008 en la que se aludía al SIPS.
Competencia apreció en aquel momento indicios de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, ya que podría haber existido "un acuerdo para presentar un recurso ante la Audiencia Nacional" solicitando una medida conjunta contra el SIPS.
Un mes después, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (Acie) se personó en el proceso. En esta asociación participan, además de la comercializadora de Gas Natural, empresas como Nexus, Céntrica, Electrable, Factor Energía, Hispaelec (la comercializadora de EDF, recientemente vendida a la suiza Alpiq) y Atel (controlada por Alpiq).
Estas empresas solicitaron el acceso al SIPS, pero sus solicitudes fueron denegadas por las cinco grandes distribuidoras eléctricas, que adujeron su deber legal de proteger datos personales y la existencia del recurso pendiente ante la Audiencia Nacional.
Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) había emitido varios informes en los que decía que la creación del sistema de información de puntos de suministro es compatible con los derechos de los usuarios. La propia Audiencia falló que no había lugar para la suspensión cautelar de la orden ministerial.
La CNC ya abrió un expediente sancionador contra las cinco grandes eléctricas en junio por considerar que restringían datos a los competidores en vísperas de la liberalización del sector.
Según un comunicado oficial, Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión Fenosa y E.ON incurrieron "en posibles prácticas anticompetitivas en el suministro de electricidad a clientes finales".
Esta investigación tuvo lugar dos meses después de que el consejo de Competencia sancionara a estas mismas compañías por prácticas similares encaminadas a obstaculizar el acceso de comercializadoras al mercado de suministro de electricidad.