Ignacio Cositdó se expresó en estos términos en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la que compareció el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, para presentar el informe de la evolución de la criminalidad en el primer semestre de 2009, al que Cosidó criticó por estar "incompleto, manipulado y por no reflejar la realidad de la seguridad ciudadana en España".
"Le pido que nos mande un informe sobre el primer semestre de 2009 que es lo que le hemos pedido, llévese este informe y tráiganos el que esta Comisión le pidió que trajera", sentenció Cosidó, quien recriminó a Camacho que el documento presentado este jueves era escaso comparado con los que habían elaborado otros Gobiernos, independientemente del signo político que fueran.
Asimismo, Cosidó resaltó que si bien España tiene, en estos momentos, un problema grave de inseguridad ciudadana, tiene un problema aún mayor que es el de "un Gobierno que no quiere reconocer que la sociedad española tiene un grave problema de seguridad ciudadana".
Explicó que, como diputado por Palencia, hizo 26 preguntas escritas al Gobierno relacionadas con los índices de criminalidad en esa provincia, al igual que hicieron los otros 152 diputados del grupo popular sobre sus respectivas provincias. El Ejecutivo no ha querido responder a estas cuestiones y les ha remitido al informe presentado hoy por Camacho. Por este motivo, Cosidó dijo haber pedido amparo al presidente de la Cámara Baja.
Falta de respeto a los diputados y restricciones a la información
Para el portavoz popular, esta actitud del Gobierno contraviene un acuerdo, aprobado por mayoría en la Comisión de Interior, para facilitar puntual y detalladamente los datos sobre criminalidad requeridos en las preguntas escritas de los diputados y senadores. "Le hemos tenido que recordar cuál es su obligación reglamentaria y constitucional y el Ministerio sigue sin hacer ningún caso", le espetó Cosidó a Camacho. "Mientras no nos faciliten esa información, esta faltando al respeto de los diputados que preguntamos", apostilló.
Insistió en que el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba ha restringido el acceso a la información dentro de las propias unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a pesar de que lo que tiene que ser "la herramienta fundamental" como es la estadística, Interior lo ha convertido "en poco menos que un secreto de Estado".
Por otro lado, Cosidó negó que se haya reducido la criminalidad tal y como aseguró el secretario de Estado porque, a su juicio, lo que ha disminuido es el territorio bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior.
Además, destacó que el Ministerio tiene una denuncia “unánime” de los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil por manipular los datos.
“Están ustedes solos en esta mentira”, subrayó Cosidó, ya que, según apostilló, tanto la Fiscalía, como el Consejo General del Poder Judicial y la policía autónoma vasca han señalado que la delincuencia se ha incrementado.
El portavoz popular quiso reconocer la “profesionalidad y la entrega” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por el contrario, “la irresponsabilidad” del Gobierno, en un momento de presión al alza de la delincuencia, por disminuir los recursos de Policía Nacional y Guardia Civil.
El robo de cocaína en Sevilla
Por otra parte, Cosidó preguntó a Camacho qué medidas ha adoptado el Ejecutivo ante el robo de 150 kilos de cocaína en una comisaría de Sevilla. "Es muy difícil definir cuál es actualmente el mayor escándalo en el Ministerio Interior, en mi opinión es el caso Faisán, pero me reconocerá que este robo es uno de los mas grandes en la historia. Es un escándalo inaceptable", señaló.
Le pidió dar una solución urgente al almacenamiento de droga en las instalaciones policiales y le instó a resolver este caso, después de más de 400 días de investigación, por el bien de la Policía Nacional. Asimismo, le trasmitió la preocupación del Grupo Parlamentario Popular por la situación en de la Policía de Sevilla.
También le exigió explicaciones sobre quién fue el responsable de fijar cupos de detención de inmigrantes en comisarías y por qué siendo éste un hecho ilegal, Camacho no ha adoptado ninguna medida al respecto.
En este sentido, Cosidó quiso aclarar tres cuestiones: "es una política profundamente equivocada, porque es criminalizar al inmigrante; es absolutamente contraproducente para la seguridad ciudadana; y es frustrante e indignante para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como denuncian unánimemente los sindicatos policiales".