El mismo día en que se anunció la imputación de Diego López Garrido por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación, el secretario de Estado para la UE dejó claro que no está en sus planes dimitir. Su cargo tendrá especial visibilidad a partir de enero, cuando España ocupe la presidencia de turno de la UE. El PSOE, mientras, ha cerrado filas con él: tratan de desacreditar al querellante, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, y minimizan el proceso abierto contra Garrido. Según Rubalcaba, quedará en nada.
Sin embargo, esta decisión de Garrido de aferrarse al cargo choca de plano con algunas de sus afirmaciones en el pasado en sus ataques al PP, especialmente frecuentes en su etapa como portavoz socialista en el Congreso. Sin ir más lejos, en la primavera de 2007 se registraron dos ejemplos. En una ocasión, Garrido atacó a Carlos Fabra y por extensión al PP en las semanas anteriores a las municipales precisamente por estar imputado. El socialista llegó a decir, informa Efe, que en las listas del PP iban "centenares de cargos públicos imputados" y criticaba al partido por ello. Afirmaba después que esperaba que Fabra no llegara a ser presidente de la Diputación de Castellón "porque sería una vergüenza".
Unas semanas después, Garrido se refirió al PP de Baleares para defender al PSOE de las acusaciones por el caso Ibiza. Con el telón de fondo también de las autonómicas, se preguntó, en declaraciones recogidas por Efe, cómo podían los populares criticar cuando muchos de sus miembros, dijo, "son catedráticos de corrupción". Y lamentaba después que hubiera "un reguero de cargos del PP imputados".
Dos años después, él pasa a convertirse en un cargo imputado, esta vez del Gobierno central, y parece que no piensa predicar con el ejemplo.