La condena confirmada este lunes por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo fue impuesta por la Audiencia Provincial en mayo de 2008 al ex primer edil por la construcción de una vivienda en una zona de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola.
En declaraciones a Europa Press el letrado de Hidalgo, Rafael Perera, explicó que su patrocinado fue detenido por la Guardia Civil cuando se encontraba en su casa, en Andratx, por orden de la Audiencia Provincial, después de que este mismo lunes esta instancia judicial recibiese la notificación de la sentencia del Alto Tribunal.
Del mismo modo, el Alto Tribunal también ha desestimado los recursos presentados por el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot , y el ex letrado municipal de Andratx Ignacio Mir , condenados respectivamente a tres años y medio y un año de prisión.
Hidalgo fue condenado a un año de prisión como inductor de un delito de prevaricación administrativa y a 3 años como autor directo de un delito contra la ordenación del territorio, concurriendo en este segundo la circunstancia agravante de prevalerse de su cargo público.
Asimismo, el ex primer edil fue inhabilitado para empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por un periodo de ocho años por el primer delito y a las penas de 3 años de cárcel e inhabilitación especial para la promoción urbanística por un tiempo de tres años.
Por otro lado, se le condenó a pagar una multa de 20 meses, con 100 euros de cuota diaria por el delito contra la ordenación del territorio, así como a satisfacer dos sextas partes de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular personada. Además, la sentencia ordenaba a Hidalgo demoler a su costa la vivienda unifamiliar construida en la finca de su propiedad o sufragar los gastos de demolición.
Por su parte, Massot fue considerado autor directo de un delito de prevaricación y cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, mientras que Mir fue condenado por un delito de prevaricación administrativa.