El 7 abril de 2009, la Sala Penal Especial sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de prisión al considerarlo como autor "mediato" (instigador) de por la muerte de 25 personas en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de Estado de 1992.
Un portavoz del Poder Judicial dijo que la decisión en segunda y definitiva instancia en el proceso contra Fujimori fue unánime al ratificar la pena en los casos de Barrios Altos y La Cantuta por los delitos de "homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves".
Pero "en el extremo de secuestro agravado y trato cruel en los casos de Gorriti y Dyer, la decisión (que ratifica la pena emitida en primera instancia) fue por mayoría, de 4 a 1, aunque esto significa que también se confirma la sentencia de abril pasado", acotó la fuente.
El portavoz judicial explicó que uno de los magistrados opinó que en el caso de Gorriti y Dyer se cometió "secuestro simple" y no "agravado", tal como lo solicitaron ante la Primera Sala Penal Transitoria el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde y la defensa del ex presidente peruano (1990-2000).
La solicitud para que se modifique en la sentencia la modalidad de "secuestro agravado" a "secuestro simple", habría permitido a Fujimori obtener beneficios penitenciarios e incluso ser indultado o amnistiado.
La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que tenía plazo hasta el 7 de enero para dar su fallo, terminó la revisión del pedido de nulidad de la condena a 25 años de cárcel contra Fujimori el 25 de noviembre pasado, pero este sábado dio a conocer su decisión.
Fujimori está recluido en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes) desde su extradición desde Chile en septiembre del 2007 por dos casos de violación de los derechos humanos y cinco de corrupción.
El ex presidente también fue condenado el año pasado a 8 años por el pago de una indemnización laboral a su entonces asesor Vladimiro Montesinos, a 6 años por el allanamiento ilegal de la vivienda de la esposa de éste y a otros 6 años por otros casos de corrupción, pero las penas no son acumulativas en Perú.