Según se desprende de un auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, hecho público este martes, los magistrados han motivado esta personación conjunta en la existencia de una "convergencia de intereses y fines" entre el PP y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil –la acusación con la que compartirán letrado– que califica como "evidente".
"Existe en el presente caso una coincidencia de hechos y de su presunto autor o autores que haría reiterativa e innecesaria la defensa y representación singulares de cada una de ellas", dice la Sección Segunda.
La Sección confirma de este modo la decisión tomada a finales del pasado mes de noviembre por el juez instructor de la causa, Baltasar Garzón, que ya aceptó esta personación del PP aunque con la obligación de que la formación designara letrado y procurador conjuntamente con la Unión de Oficiales.
El magistrado modificó así una decisión anterior, tomada a principios de noviembre por la que rechazaba en principio la personación al constatar que el poder notarial presentado por esta formación les permite ejercer la acusación particular pero no la acción popular, que es la que le correspondería en esta causa.
El partido presidido por Mariano Rajoy solicitó la última semana de octubre personarse en esta causa, al considerar que los hechos investigados tienen una "extrema gravedad" y pueden dejar "en entredicho la profesionalidad e incluso la dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como las políticas antiterroristas adoptadas por el Gobierno".
En este procedimiento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga quien realizó el 4 de mayo de 2006 una llamada de aviso al dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa, que desbarató una operación policial que se iba a desarrollar para desarticular la estructura de extorsión de ETA.
La Fiscalía pide el archivo
El pasado 5 de octubre la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el archivo de la causa en un escrito en el que defendía que la investigación no ha podido determinar la autoría del chivatazo, por el que están imputados el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un comisario de la provincia de Álava.
Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejercen la acusación popular en la causa, reclaman por su parte a Garzón que no archive estas diligencias y que las investigaciones sean asumidas de nuevo por la Guardia Civil en detrimento del Cuerpo Nacional de Policía.