El Gobierno marea la perdiz: niega que recortará el sueldo de los funcionarios

Nuevo desmentido. Y van dos. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha telefoneado personalmente a los sindicatos de la Función Pública CC.OO., UGT y CSI-CSIF para garantizarles que el Ejecutivo cumplirá el acuerdo que firmó con ellos en septiembre del año pasado.

La llamada de De la Vega a los sindicatos se produce después de que el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, dijera ayer que "está sobre la mesa" la revisión del acuerdo salarial alcanzado con los funcionarios para garantizar la reducción en un 4% en 2013 del gasto del personal.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia confirmaron a Europa Press que el Departamento ha contactado con los tres sindicatos para asegurar que se va a cumplir el acuerdo, y declinaron comentar las palabras de Ocaña.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Hacienda ha hecho público un comunicado para aclarar que el Gobierno "respetará en su integridad" el acuerdo alcanzado con los sindicatos sobre el salario de los funcionarios.

En este sentido, el departamento que dirige Elena Salgado explicó que la reducción del 4% en el capítulo de gastos de personal con el horizonte de 2013 "se conseguirá mediante el ajuste al 10% de la tasa de reposición de vacantes", es decir, cubriendo sólo una baja en la Administración por cada diez que se produzcan.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, subrayó este jueves que no afectará a las retribuciones de los empleados públicos, ya que lo que se tendrá en cuenta es la oferta de empleo público de cada año. En este sentido, indicó que si no se cubren las próximas jubilaciones, la reducción sería del 7%, un porcentaje muy superior al objetivo del 4%.

El acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos contemplaba una subida salarial del 0,3% para 2010 y dejaba abiertos a la negociación los incrementos retributivos de 2011 y 2012.

El acuerdo incluía por primera vez en la Administración del Estado una cláusula de revisión salarial por la que la que el Ejecutivo se compromete a compensar en 2012 la pérdida de poder adquisitivo de los salarios si ésta se produjera.