Así, a lo largo de las últimas horas, los tres vicepresidentes del Gobierno han salido al paso de las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en las que abría la puerta a la revisión del acuerdo salarial de los funcionarios para cumplir los objetivos de reducción del gasto.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que se hizo cargo del área de Función Pública tras la última remodelación del Ejecutivo, ha telefoneado personalmente a los tres sindicatos firmantes del acuerdo para garantizarles el cumplimiento del mismo.
El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, hizo lo propio en una entrevista con RNE, mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, declaraba ante la prensa que no se iba a tocar el sueldo de los funcionarios tras la primera reunión de la comisión anticrisis con los partidos políticos.
Entre medias, el Ministerio de Economía y Hacienda difundió un comunicado, por si quedaba alguna duda, asegurando que se respetará íntegramente el acuerdo sindical.
Al secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, tanta "contundencia" en aclarar las cosas le ha dejado ciertamente "más tranquilo". "No costaba creer que ésa fuera la opinión del Gobierno, y que lo haya aclarado es una buena noticia", dijo a Europa Press.
Lacuerda consideró asimismo que no estaría de más que el Ejecutivo matizara también que los servicios públicos básicos, como la educación o la sanidad, están garantizados pese a la reducción de la Oferta de Empleo Público y a la no reposición de todas las vacantes que queden en la Administración tras las jubilaciones de funcionarios.
"Ya dábamos por hecho que en una situación como ésta, la Oferta de Empleo Público tendría que verse sometida a algún tipo de sacrificio, pero hicimos amplias excepciones en los servicios públicos básicos. El Gobierno debería aprovechar la oportunidad y recordarlo, para dar garantías y tranquilidad a los ciudadanos", opinió Lacuerda.
Austeridad sí, pero no a costa de los salarios
El presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, declaró a Europa Press que se siente "relativamente tranquilo" tras recibir la garantía de De la Vega de que el acuerdo se cumplirá en los términos pactados.
Fernández subrayó que el plan de austeridad que ha diseñado el Ejecutivo no puede hacerse "a costa" de los salarios de los funcionarios. "Cuando quiera, nos sentamos a hablar de altos cargos y de asesores, que hay muchos", apuntó el presidente de CSI-CSIF.
Domingo Fernández advirtió, en todo caso, de que su sindicato no aceptará la "congelación" de los sueldos de los empleados públicos, aunque sí estaría dispuesto a discutir subidas "moderadas" para 2011 y 2012. Todo depende, dijo, de cómo evolucione este año la inflación y de la situación económica del país.
Además, afirmó que también le supone una cierta tranquilidad que el acuerdo entre sindicatos y Gobierno contemple una cláusula de revisión salarial a final de su periodo de vigencia (2012) para que no exista en ningún caso pérdida de poder adquisitivo.
CCOO aplaude a De la Vega
CCOO, por su lado, insistió en que la vicepresidenta primera del Gobierno les ha ratificado el acuerdo suscrito, y recordó que el documento que firmaron contempla una cláusula de revisión salarial independientemente de si se mantienen o no los sueldos públicos.
"Contamos con el compromiso de De la Vega, que fue con quien acordamos la subida de este año del 0,3% y que nos garantizó una revisión en función del cierre del IPC hasta 2012", explicaron fuentes del sindicato.
Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. se valoraron también las declaraciones del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, quien, en una entrevista con RNE expresó esta mañana su rechazo a una eventual congelación o renegociación a la baja del sueldo de los funcionarios. No obstante, las fuentes consultadas se mostraron "sorprendidas" de que desde el Ejecutivo "se diga cada día una cosa".