El problema es que Custodio dimitió con toda la Ejecutiva actual de su parte, lo que sume a la UGT gaditana en una crisis de la que será difícil salir. Recuérdese que está en marcha una investigación interna, aún sin concluir, que se realiza sobre las finanzas del sindicato, a partir de la denuncia formulada por Pavón y otros 117 afiliados más por supuesto mal uso de los recursos económicos de la Unión Provincial, que señala, según los denunciantes, directamente a Custodio.
No obstante, la Comisión de Garantía Confederal resolvió en abril exonerar al secretario provincial aunque reconocía que se estaban gastando recursos de “difícil justificación” y que estos dispendios debían haber sido atajados. En el informe que habían presentado los denunciantes alertaban de gastos en bares de copas, mariscadas e incluso supermercados, que no eran negados por la Comisión.
Según explicó UGT en un comunicado, la comisión gestora se hará cargo de la gestión en Cádiz hasta la celebración de un congreso extraordinario. El encargado de presidirla hasta entonces será Francisco Fernández, vicesecretario general de Organización de UGT-A. Otros integrantes de la gestora serán José Porras, Diego Peces, Francisca Romero, Gustavo Vargas, Rosaura Gallego, María de los Ángeles Lamas, Manuel Andrades y Luisa Bernal.
La Comisión Ejecutiva de UGT-A se reunió en la tarde de ayer con el Consejo Provincial de UGT Cádiz, compuesto por los secretarios generales de las distintas federaciones sectoriales y con los secretarios comarcales, para organizar los trabajos del sindicato a lo largo de las próximas semanas, con especial atención a la organización de la huelga general de los empleados públicos del día 8 de junio.
Razones personales ha aducido Pedro Custodio para dimitir, pero es evidente que, si así fuera, sólo habría dimitido él. Sin embargo, le ha acompañado todo su su equipo, los nueve componentes de la comisión ejecutiva que ha trabajado con él durante los últimos años.
Breve historia de una crisis aguda con resultado de agonía
La UGT de Cádiz se había dividido en dos frentes que tuvieron al Juzgado como horizonte de referencia. En el pasado congreso del mes de septiembre, dos candidaturas se opusieron para conseguir el control de la organización, pero las heridas, lejos de cerrarse, se han extendido y agravado con denuncias que acaban habitualmente en los Juzgados. Manuel Pastrana, el secretario general de la UGT Andalucía, ha tenido que intervenir para que las aguas vuelvan a su cauce, pero no lo ha conseguido. Se han hecho acusaciones de gastos indebidos en comidas, teléfonos y demás contra el candidato reelegido en el congreso reciente, Pedro Custodio. Luego hubo dos despidos, que casi acaban en agresiones, según La Voz Digital de Cádiz, y como consecuencia, más demandas judiciales.
Manuel Pastrana, como responsable autonómico de la central, reunió hace dos semanas a las partes enfrentadas en un consejo en Algeciras para devolver la sensatez a la convivencia. Pero no hay seguridad de que no se vuelva a las andadas.
En el último congreso de la UGT de Cádiz, la victoria de uno de los bandos fue por un estrecho margen de votos y apoyos. El origen de esa situación se remonta, justamente, a la última cita congresual, la del final de verano de 2009. Pedro Custodio siguió mandando en la UGT gaditana ganando la votación, pero por el diminuto margen del 52% de los votos favorables entre los 150 delegados. Su oponente, Antonio Pavón, se quedó a un 2% de defenestrarlo. La casi igualdad de apoyos de uno y otro frente desató la guerra interna.
Pavón, en origen un hombre del entorno de Custodio (los amigos de hoy serán los enemigos de mañana) decidió fiscalizar la conducta del secretario general elegido en un abierto ejercicio de la oposición interna. Poco después, algunos miembros de la lista derrotada presentaron en diciembre de 2009 una demanda a la Comisión de Garantías. En ella se acusaba a Pedro Custodio y a varios miembros de su Ejecutiva de gastos excesivos o indebidos que pasaban al cargo de la organización. Esos supuestos dispendios estarían relacionados con facturas de telefonía móvil y comidas o cenas. El órgano de Garantías, un tribunal interno en la UGT regional, investigó el asunto y lo desechó, dos veces.
En enero de 2010, el Comité de Control exculpó a Custodio y a sus colaboradores considerando que no existían gastos irregulares. Pero quedaba pendiente una última resolución de los estamentos estatales (Comisión de Garantías) de la organización, que deben confirmar o matizar este veredicto.
El caso no prosperó pero sí emponzoñó la situación. Aunque ese caso quedó en nada, desató un intercambio de denuncias que ha agravado la situación. Por si fuera poco, se produjo el despido de varios trabajadores de una fundación ligada al sindicato, despido que desató otra batalla. Testigos presenciales afirmaron que un encuentro posterior derivó en un enfrentamiento verbal preconcebido y rayano en la violencia. Tuvo, entre sus presuntos protagonistas, a varios miembros de la candidatura perdedora en el congreso de septiembre. La virulencia de ese incidente fue tal que la dirección regional de UGT, uno de cuyos miembros estaba en el encuentro, decidió abrirles un expediente que aún está pendiente de resolución.
La cosa ha llegado ya a la Justicia ordinaria. Tanto la reunión que casi acaba en agresiones, como la desaparición de documentos de sedes sindicales y el envío de correos electrónicos o mensajes de telefonía con un contenido presuntamente punible han sido elevados a los tribunales, que aún no han resuelto. Pero la guerra abierta ya está admitida si bien se considera controlada y a punto de terminar