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La nueva Ley de Víctimas prohibirá "insignias y placas" que exalten a ETA

La futura Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo pactada entre el PSOE y el PP prohibirá la colocación o el uso de "escudos, insignias, placas y otros objetos" que exalten a ETA o a sus miembros. Además, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 1960.

El borrador del proyecto, pactado por PSOE y PP, fue presentado este martes en el Congreso de los Diputados a medio centenar de representantes de las asociaciones de víctimas, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles que acogieron con moderada satisfacción el texto a falta de conocer su contenido definitivo.

Las víctimas del terrorismo recibieron las explicaciones del director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, y de algunos de los negociadores parlamentarios del proyecto, como el portavoz de Interior del PSOE, Antonio Hernando, el diputado socialista Txiki Benegas, o el diputado del PP Alfonso Alonso.

La nueva ley prohibirá la colocación o el uso de "escudos, insignias, placas y otros objetos" que exalten a ETA o a sus miembros, según el texto, al que ha tenido acceso Servimedia. Ambos partidos tomaron nota de las iniciativas tomadas en los últimos años por grupos de víctimas, que pedían la retirada de placas o esculturas que recordaban a etarras.

En esta tarea destacó especialmente la asociación "Dignidad y Justicia", que consiguió que los jueces hayan intervenido en varios casos para retirar de la comunidad vasca o Navarra objetos que enaltecían a los etarras.

En este sentido, el texto de la exposición de motivos habla de que "se declara expresamente la prohibición de que en los lugares públicos existan monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o de enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas". Con este fin, la introducción de la nueva ley añade que las "administraciones públicas deberán adoptar las medidas para impedir o para hacer cesar estas situaciones".

Esta ley tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1960, en especial en el cobro de indemnizaciones y ayudas, según consta en la exposición de motivos del proyecto de ley que, entre otras novedades, reconoce la figura de los "amenazados" y establece un baremo de indemnizaciones idéntico para todas las víctimas, de forma que se acabe con los agravios comparativos.

La ley fijará una cuantía específica de indemnizaciones en los supuestos de fallecimiento, invalidez o lesiones no invalidantes, de forma que todas las víctimas tengan el mismo trato, evitando posibles discriminaciones ante situaciones iguales. Además, contempla su aplicación retroactiva a todos los actos terroristas acaecidos a partir del 1 de enero de 1960, de forma que se compensará a quienes en aplicación de una legislación anterior hayan podido recibir ayudas o indemnizaciones inferiores a las que establece la nueva ley.

El proyecto incluye además un amplio "régimen de protección social" para atender a las necesidades de toda índole que "a lo largo de la vida" puedan tener quienes han sufrido un atentado terrorista, como la atención psicológica especializada o el acceso al empleo público en condiciones preferentes.

Al término del encuentro, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, aseguró que el texto es "esperanzador" porque recoge algunas de las reivindicaciones históricas de las víctimas. Así, valoró el carácter retroactivo de las indemnizaciones de forma que todas las víctimas, sea cual sea el momento en que sufrieron el atentado, reciban las mismas ayudas y sobre todo "el mismo trato" por parte de la Administración.

En esta misma línea, el secretario de Comunicación del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, destacó la importancia de que las personas "amenazadas" puedan acceder a los derechos contempladas para las víctimas del terrorismo. Un cambio de la legislación que había reclamado el SUP, que mejorará las condiciones de trabajo de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñan su labor en el País Vasco y Navarra.

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