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SE NIEGA A INVESTIGAR OTRA IRREGULARIDAD EN AYAMONTE

La impunidad de Chaves en el caso Matsa ha sentado "jurisprudencia" en la Fiscalía

El caso se ha dado en Ayamonte (Huelva) ciudad en la que el fiscal Flores ha apelado al 'caso Matsa' para no investigar las irregularidades urbanísticas del ayuntamiento gobernado por el PSOE.

Aunque el alcalde socialista se presenta a sí mismo como víctima del PP, lo cierto es que la fiscalía ha esgrimido el archivo de la causa contra Chaves en tanto que asunto penal e insta al contencioso-administrativo. De este modo, la impunidad de Manuel Chaves en el caso de la subvención a su hija, se toma como modelo en otras instancias para amparar la inacción penal. El problema es que, según El Mundo, el fiscal Alfredo Flores Prada no sabía que la Junta anuló el plan denunciado por el Partido Popular. Esto es, las irregularidades urbanísticas son evidentes tanto para el fiscal como para la Administración autonómica, pero el Ministerio Público descarta la investigación penal aun a sabiendas de que, donde debería haber una zona verde según el PGOU, se ha construido media decena de bloques residenciales en primerísima línea de playa. Y no hace falta ser ningún experto para intuir las plusvalías que pueden haberse generado en esta operación, añade el periódico. (Viñeta, ampliación de una veterana de Canalsú)

La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha procedido sin más al archivo de las denuncias sobre presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por los dos últimos alcaldes socialistas de la localidad onubense de Ayamonte mencionando como argumento de autoridad, y expresamente, al auto del Tribunal Supremo (TS) sobre el caso Matsa. El Mundo añade que el caso Matsa se ha "convertido ya en un argumento jurisprudencial de peso para abortar investigaciones penales sobre autoridades públicas, por controvertido que pueda llegar a ser cualquier aspecto de su actuación." Lo que pasa es que en este caso las irregularidades habían sido corroboradas por la Junta de Andalucía, extremo que, al parecer, ignoraba el fiscal, que parece haber actuado siendo más papista que el Papa.

En el penúltimo párrafo del decreto de archivo (firmado por el fiscal Alfredo Flores Prada el pasado 21 de junio), el representante del Ministerio Público esgrime el "reciente" auto de inadmisión a trámite por parte del TS de la querella del PP contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en el caso del incentivo multimillonario aprobado a favor de una empresa apoderada por la propia hija del ex presidente andaluz, el cual no se inhibió en la concesión de la ayuda. "En el conocido como caso MATSA-Chaves", subraya literalmente el decreto de la Fiscalía, "se manifiesta que no son suficientes conjeturas y sospechas sobre la actividad de las Autoridades Públicas en el marco de sus competencias, siendo además preferente la vía contenciosa para el control jurisdiccional de la actividad política".

Es la primera vez que se invoca el caso Matsa para impedir una investigación penal contra un responsable institucional. Otra cosa es que sea la última.

Pero una semana antes de que Alfredo Flores decretara el archivo de las diligencias informativas 221/2009, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda comunicaba al actual alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo, la anulación de oficio de la conversión en el núcleo turístico de Isla Canela de una zona verde en residencial a través de la figura del estudio de detalle, que eludía cualquier control externo. De este modo, aunque el fiscal confirma las irregularidades (admite expresamente que "se ha obviado la necesidad del dictamen del Consejo Consultivo", que tiene carácter vinculante), concluye que lo que toca es pedir judicialmente la nulidad del acto, algo que siete días antes ya había decretado motu proprio la Junta de Andalucía.

Aunque el fiscal Alfredo Flores recabó informes de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio y Vivienda (encabezada por Rocío Allepuz, casualmente la delegada de Obras Públicas en Huelva en 2004, cuando el ex alcalde socialista Rafael González aprobó el polémico estudio de detalle) parece claro pues que nadie en el Gobierno andaluz se tomó la molestia de advertir al Ministerio Público de que se iba a quedar con el culo al aire con su resolución.

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