Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible, sentenció un Talleyrand que podría haberse llamado Rafael y haber nacido en la Andalucía del toro.
Pues en efecto, no puede ser que el PSOE andaluz escuche ni a empleados públicos, ni a expertos jurídicos, ni a sentencias ya dictadas ni, naturalmente, al partido alternativa de gobierno, el PP. Dábamos cuenta hace unos días de las enmiendas presentadas por el Partido Popular al Proyecto de ley del Decretazo. Eran 42, de diferente hondura y densidad. Pues ni una ha aceptado el PSOE, que demuestra así que su plan de ampliar la función pública andaluza con nuevos laborales, ahora laborales de agencia, va a seguir su marcha gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta en el Parlamento andaluz.
Ninguna sorpresa ha dado IU que ha pasado de su meritoria oposición a la externalización que encabeza Concha Caballero a este monaguillismo político de un partido socialista decadente.
Como relata Europa Press, "El PSOE-A ha rechazado este viernes, durante el trámite de ponencia en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento, las 42 enmiendas que el PP-A ha planteado al proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz, mientras que ha aceptado 13 de las 85 presentadas por IULV-CA. Las 32 enmiendas del grupo socialista han quedado incorporadas a la ponencia. "
La oposición tendrá la posibilidad el próximo martes de volver a defender las enmiendas que no han sido aceptadas por el PSOE durante el debate del proyecto de ley en la Comisión de Hacienda y Administración Pública y, con posterioridad, ante el Pleno del Parlamento en el que se incluya el debate final del texto.
En cuanto a las enmiendas de IULV-CA que han sido aceptadas, una se refiere a un cambio en el título del proyecto de ley, que se designará simplemente de "reordenación del sector público de Andalucía", título equívoco que identifica sector público con función pública, dando la razón al PSOE. Las otras doce enmiendas admitidas recogen los planteamientos de UGT-A y CC.OO-A y coinciden en gran parte con las que ha presentado el grupo socialista en tal sentido.
Tras ser rechazadas las enmiendas del PP-A, el secretario general del grupo popular, Jorge Ramos, ha indicado que el PSOE-A ni siquiera se ha ofrecido a negociar sobre las enmiendas de cara a los próximos debates que quedan, con lo que queda clara la estrategia de los socialista de "hablar de diálogo ante los medios de comunicación" y, sin embargo, en el Parlamento aplican la política de la "imposición y del rodillo".
Se evidencia claramente, a su juicio, que el PSOE sólo quiere una administración alejada de los controles exigibles por la ley, con funcionarios de carrera a los que se tienen "apartados". El caso sobre el "fondo de reptiles" de la Consejería de Empleo para EREs pone de manifiesto, a su juicio, una administración "opaca" y que funciona de forma "paralela", alejada de todos los controles legales.
Para Ramos Aznar, el PSOE-A pretende seguir manteniendo con la futura ley ese modelo de administración, que en modo alguno va en la línea de una administración "más ágil, eficaz y sometida a los controles" necesarios. "Se trata de consolidar una administración que tape las malas prácticas que durante 30 años ha consumado el PSOE en la comunidad a través de una administración desmembrada y desorganizada", según ha dicho, y se ha mostrado convencido de que el proyecto de ley sólo persigue "privatizar toda la administración, de la que una parte son las empresas públicas".
Ahora habrá que esperar la reacción de funcionarios y laborales descontentos con este proyecto de Decretazo. De momento, las movilizaciones continuarán.