Hace unas horas conocíamos que la Fiscalía Provincial de Barcelona había solicitado archivar la segunda causa contra Shakira por fraude fiscal en 2018, archivo de la causa que ya había solicitado el equipo legal de la cantante hace tres meses, justo después de su declaración en febrero. Una comparecencia que hizo por videoconferencia desde Miami, donde ahora reside.
Sobre el archivo de la causa penal que investigaba a Shakira por el ejercicio fiscal de 2018, el equipo legal de la cantante y la propia representada transmiten lo siguiente:
Pau Molins, abogado defensor de Shakira, expresa que: "El archivo judicial, que había sido solicitado por la defensa hace más de tres meses, demuestra que nunca hubo comportamiento defraudatorio por parte de la cantante. Nuestra cliente está totalmente satisfecha con que por fin se reconozca que no cometió ningún fraude penal, pero su lucha contra la Agencia Tributaria española no acaba aquí".
Por su parte, la abogada co-defensora de Shakira, Miriam Company, añade que: "No tenía lógica continuar con esta investigación penal en la que la ausencia de dolo era más que evidente y que se sostenía en complicadas teorías y conceptos técnicos de difícil comprensión, incluso para fiscalistas expertos".
Por último, el fiscalista de Shakira, José Luis Prada, añade lo siguiente: "Especialmente inconcebible es la causa administrativa que la AEAT mantiene abierta contra Shakira por el ejercicio 2011, actualmente pendiente de resolución por la Audiencia Nacional, puesto que se trata de un año en el que era imposible que la cantante fuera residente fiscal en nuestro país. Ese año Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países, y pasó, como máximo, 70 días en España. Es decir, ni la mitad del mínimo requerido para ser residente fiscal en España".
Esta causa administrativa por el ejercicio 2011 muestra, además, el proceder lleno de anomalías por parte de Hacienda, que obligó a la cantante a abonar hasta 30 millones de euros que le ha retenido todos estos años -desde 2018 hasta hoy-, además de tener que garantizar otros 35 millones de euros de sanciones desorbitadas, sin esperar siquiera a que un tribunal se pronuncie sobre su conformidad a Derecho.
Esta multa, además, grava los ingresos de la gira de Shakira en 2011 sin tener en cuenta los gastos en los que incurrió, como sería lo habitual en un procedimiento de estas características, lo que es manifiestamente contrario al principio constitucional de capacidad económica. O lo que es lo mismo, Hacienda está multando a Shakira por unos presuntos beneficios que sabe que no se produjeron, porque no se está admitiendo la deducción de gastos efectivamente producidos.