El CIS vuelve a la carga: 355.000 € para un barómetro energético al gusto del Gobierno

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ambos organismos
dependientes del Gobierno, han firmado un convenio para la
elaboración de un barómetro sobre la transición energética en
España.

El estudio, que contará con un presupuesto de 355.000 euros
sufragado mayoritariamente con fondos públicos, medirá el conocimiento y la percepción ciudadana en torno a las políticas energéticas actuales, incluyendo temas como energías renovables, autoconsumo, movilidad eléctrica o eficiencia energética.

Un barómetro oficial sobre medidas del propio Ejecutivo

Según el comunicado oficial del Ministerio para la Transición
Ecológica, el barómetro servirá para orientar futuras políticas
públicas en el marco de la transformación energética y
socioeconómica que impulsa el Gobierno. La iniciativa contempla
tres oleadas de encuestas telefónicas a escala nacional y cinco
grupos de debate en distintas comunidades autónomas, incluido
uno en Madrid.

El IDAE, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, financiará el 70 % del estudio —unos 250.000 euros
—, mientras que el CIS, dependiente del Ministerio de la Presidencia,
asumirá el 30 % restante. El trabajo se completará a finales de
noviembre de 2026, aunque el convenio firmado entre ambas
entidades podrá prorrogarse hasta cuatro años más.

Percepciones ciudadanas, no resultados técnicos

El objeto del estudio no será analizar los efectos económicos o
técnicos de las políticas energéticas, sino la percepción social
sobre las mismas. Según la nota de prensa, este conocimiento
permitirá mejorar los instrumentos de apoyo existentes y fomentar
un mayor compromiso ciudadano en el proceso de transición.

Miguel Rodrigo, director general del IDAE, señala que se trata de un
trabajo "basado en datos estadísticos rigurosos" que busca conocer
"de primera mano lo que piensan los ciudadanos" y adaptar así las
medidas públicas. El enfoque estará centrado en aspectos sociales
y comunicativos más que en datos de rendimiento, ahorro o
impacto económico.

Un contexto marcado por el descontento ciudadano

El lanzamiento del barómetro se produce en un momento en que la
política energética ha generado un creciente malestar social,
debido al aumento del precio de la electricidad, el cierre de centrales
térmicas sin alternativas viables y el coste de tecnologías
subvencionadas como el coche eléctrico.

En este contexto, el estudio podría servir para respaldar narrativas
oficiales sobre una transición "verde y justa", sin necesariamente
abordar los efectos reales que perciben hogares y empresas. Aunque
el Gobierno defiende que se trata de una herramienta útil para
adaptar las políticas, algunos analistas advierten del riesgo de que el
barómetro se convierta en un instrumento de validación institucional
más que en un mecanismo de evaluación objetiva.

Críticas por la falta de independencia

El CIS ha sido objeto de cuestionamientos en los últimos años por la
orientación de sus barómetros electorales, lo que ha generado dudas
sobre su independencia y neutralidad. En este caso, se suma el
hecho de que el propio Gobierno financiará y controlará tanto el
contenido como la metodología del estudio, lo que refuerza las
críticas sobre posibles sesgos o fines propagandísticos.

Las políticas públicas deberían evaluarse mediante organismos
independientes, con criterios técnicos y económicos, y no a
través de encuestas diseñadas desde el poder político.
España necesita saber cuánto cuestan las decisiones, qué beneficios
reales generan y quiénes se benefician, no cuántos ciudadanos las
perciben positivamente.

No necesitamos encuestas para saber lo que sentimos.
Necesitamos políticas eficaces, asequibles y transparentes.
El reto de una transición energética justa no pasa por medir
percepciones, sino por escuchar realidades, especialmente cuando
se trata de decisiones con un alto coste económico y social.