El Gobierno ha pactado el cierre perimetral de las comunidades autónomas para limitar al máximo los desplazamientos dentro del territorio español, y tratar de contener así la expansión del coronavirus, en Semana Santa. Unas restricciones que —sin embargo— no se aplicarán en la frontera, permitiendo viajes no esenciales con origen o destino a otros países de la UE. Razón más que suficiente para esa llamada a la coherencia por parte de Bruselas, que no comparte la disparidad entre las medidas que se aplican dentro del territorio nacional y las que se refieren a los desplazamientos exteriores (desde y hacia otros países).
Preguntado expresamente por la situación española, en rueda de prensa, el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christophe Wigand, no ha querido hacer comentarios específicos, pero sí ha explicado que "la recomendación (propuesta por la Comisión y adoptada por los Veintisiete) dice claramente que, dado que la transmisión y el riesgo es similar para los viajes domésticos y los transfronterizos, los Estados miembros deberían asegurar coherencia entre las medidas aplicadas a los dos tipos de viaje".
El virus no entiende de fronteras, por lo que la Comisión Europea defiende adaptar las medidas a la situación epidemiológica por regiones, que pueden incluir espacios de varios territorios, en lugar de seguir un patrón por Estados miembro, al tiempo que mantiene que el cierre de fronteras no es una solución efectiva para el control de la pandemia.
De hecho, recientemente el Ejecutivo comunitario ha advertido a varios países, entre ellos Alemania y Bélgica, por prohibir desplazamientos no esenciales fuera de sus territorios. Lo considera desproporcionado, y les ha emplazado a optar por medidas más ajustadas.
En este sentido, Wigand ha recordado que Bruselas pide —desde que el virus llegó a la UE, hace más de un año— que se tenga en cuenta "la situación regional más que la situación nacional" a la hora de diseñar las estrategias de los Veintisiete.