Carmen Calvo, antes de ser relevada como ministra el pasado julio, dejó el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, un documento que, según detectó el propio Gobierno, contenía más de un centenar de "errores e imprecisiones jurídicas, generalidades y conceptos sin definir ni desarrollar adecuadamente", tal y como ha podido saber Libertad Digital.
El informe de 71 páginas, elaborado por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, dependiente del Ministerio de Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática, que señala decenas de puntos a corregir, desde errores ortográficos, denominaciones o deficiencias legislativas. A pesar de lo cual, tres semanas después, el Consejo de Ministros aprobó su posterior tramitación parlamentaria. De hecho, han sido necesarios 10 meses, desde el 16 de septiembre de 2020, que dicha Unidad de Calidad Normativa recibió el Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros, hasta la fecha de emisión del informe, un 28 de junio de 2021, para transmitir las concusiones.
Uno de los asuntos más llamativos es que se recomienda, en la página 58 del Informe, no usar el sintagma "Estado Español" (por otra parte, expresión de uso habitual por el independentismo catalán):
En lugar de "Estado español", resultan preferibles, según su contexto, las expresiones "Estado" (pues se entiende que en general se referirá al propio), o "Reino de España" (si hubiera de aludirse a su denominación oficial, por ejemplo, en el contexto de una referencia a las relaciones internacionales que mantenga).
La Oficina de Coordinación y Calidad Normativa corrige aspectos generales, problemas de estilo, multitud de erratas y hasta errores en el uso de mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, lo más vergonzante son las apreciaciones sobre la búsqueda de personas desaparecidas o las numerosas referencias a la Guerra Civil, "con difícil encaje jurídico que dan lugar a indefiniciones y posibles consecuencias en el futuro". Le pide incluso que deje de llamar a la Guerra Civil "Guerra de España".
Por ejemplo, el informe advierte que la obligación de retirada de elementos que prevé la norma podría colisionar con los derechos de libertad ideológica y opinión, derechos de rango constitucional.
Otra de las cuestiones a corregir, según este informe del propio Gobierno, es el reconocimiento a las víctimas y las medidas para la localización de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. El artículo 3 del borrador aludía a "los españoles y las españolas que padecieron deportación, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración, colonias penitenciarias militarizadas, dentro o fuera de España, y padecieron torturas, malos tratos o incluso fallecieron como consecuencia de la Guerra y la Dictadura o en los campos de concentración nazis" y el informe marca como errónea esa categorización porque "conlleva de modo inherente un requisito de nacionalidad para el reconocimiento de la condición de víctima".
También atribuía la condición de víctimas a "las personas que se exiliaron como consecuencia de la Guerra y la Dictadura", un extremo criticado en este análisis por no discernir los motivos de tal exilio, que pueden ser políticos o por causas sociales y económicas.
En cuanto a los artículos sobre la búsqueda de personas desaparecidas, se advierte que existe indefinición sobre las regulaciones que prevé. "Dicha explicación se estima necesaria tanto para aclarar el alcance de la habilitación reglamentaria como para justificar la necesidad de dicha regulación", dice el informe que puede adjunto a esta noticia.
Otro punto a subsanar es el artículo sobre la privación de ayudas y subvenciones: "La redacción de este precepto resulta excesivamente imprecisa en algunos de sus contenidos, que se recomienda que sean reformulados a fin de ofrecer una mayor seguridad jurídica
Tanto el CGPJ como el sector profesional de la Fiscalía Española se han manifestado en contra de dicho texto normativo por multitud de motivos estrictamente jurídicos.
Se desconoce si en el texto del Proyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el Gobierno el 20 de julio de 2021 y enviado a las Cortes Españolas para su tramitación se han incluido las oportunas rectificaciones, pues aún no se dispone de ese texto definitivo al no haber pasado por la Mesa del Congreso.