L D (EFE) La sanción de dos partidos fue recurrida por el Barcelona ante todas las instancias deportivas de España, y finalmente el club, que creyó que el cierre era contrario, incluso, a la Constitución, elevó su recurso a los tribunales ordinarios, donde aún se encuentra el proceso, y cuyo acto provocó en su día que las relaciones entre el Barca y la Federación se tensasen al máximo.
Con la nueva directiva del Barcelona, presidida por Joan Laporta, el Barça aseguró su máxima disposición para solucionar el contencioso. Pocos días después de resultar ganadora la candidatura de Laporta, desde este grupo se anunció el inminente cumplimiento de la sanción, aunque el hecho no se produjo, debido a que la Delegación de Gobierno en Cataluña también había impuesto una sanción económica, con lo que se producía una doble sanción por un mismo hecho.
Los incidentes se remontan al sábado 23 de noviembre del año pasado, cuando el árbitro del partido Barcelona-Real Madrid (0-0), el sevillano Luis Medina Cantalejo, suspendió momentáneamente el choque en el minuto 27 de la primera mitad, cuando Luis Figo se disponía a lanzar el nuevo saque de esquina de su equipo.
Gaspart acusó a Figo de "provocador"
Tras aquel encuentro, el entonces presidente, Joan Gaspart, sorprendió en una conferencia de prensa con acusaciones a la "provocación" de Figo, hecho que después se interpretó como un lastre importante con el que debió cargar el Barcelona cuando su caso se trató en los tribunales deportivos. "Nunca en la vida había visto una suspensión como ésta en un partido que ha perjudicado de forma tan ostensible a nuestro equipo. Esto es un caso excepcional. No se puede venir a un campo de fútbol a provocar de una manera ostensible (en alusión a los intentos de Figo por lanzar él los saques de esquina) y, encima, se ha premiado la provocación", afirmó el ya dimitido presidente del Barcelona.
La sanción posterior a aquellos incidentes fue de dos partidos de clausura, un hecho inusual en la entidad catalana, que sólo había padecido el cierre de su estadio en una ocasión, y no por un motivo deportivo. Fue en 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, cuando en el antiguo campo de Les Corts los aficionados silbaron la marcha real. El Barcelona recurrió entonces ante todas las instancias deportivas (Comité de Apelación de la Federación y al Comité Español de Disciplina Deportiva, última instancia deportiva), y en todas encontró la negativa a sus recursos, fundamentados en que la entidad catalana "había hecho todo los que estaba en sus manos en materia de seguridad para prevenir cualquier incidente". Para el Barça, si la entidad no ha ahorrado esfuerzos en prevención de la violencia, la responsabilidad de un hecho incívico debe recaer en quien lo comete y no en el propietario de las instalaciones.
El precedente de Guardiola en el Bernabéu
Por otra parte, el Barça recordaba que un año atrás, el 4 de marzo del 2001, durante el Madrid-Barça disputado en el Santiago Bernabéu, Guardiola estuvo a punto de recibir el golpe de un teléfono móvil, mientras que el portero José Manuel Reina fue agredido por un espectador. La infracción fue considera entonces como leve. Las alegaciones presentadas por el Barcelona ante Apelación fundamentaban su defensa en que el cierre del Camp Nou era contrario a la Constitución, además de dudar de la capacidad sancionadora de un comité deportivo cuando una entidad (el Barcelona) había cumplido con todas las normativas en materia de seguridad en los estadios. El Barça reconocía los incidentes, pero subraya que no podían ser imputados a la entidad catalana.
El 4 de abril de este año, el Barcelona informó de que había presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD), que ordenaba la clausura inmediata del Camp Nou. El Barcelona dio este paso preventivo ante la insistencia de la Federación para que se ejecutase la sanción de inmediato. El Barca argumentó que disponía de un mes para elevar un recurso de reposición ante el CEDD y la Federación negó un "derecho" que el Barcelona creía que podría vulnerarse.
El segundo razonamiento del Barcelona era que era que estaba siendo sometido a dos procesos paralelos por la misma causa (la Delegación de Gobierno en Cataluña le había aplicado una multa de 70.000 euros, pero sin sanción del campo). El club catalán entendía que con esta medida (tribunales ordinarios) estaba defendiendo sus derechos a la vez que la Federación amenazaba con denunciar el caso a la FIFA, lo que podría haber impedido que el Barcelona hubiese participado en competiciones continentales e, incluso, nacionales. Meses después, el asunto sigue encima de la mesa, a la espera de que ambas instancias (Barça y Federación) sellen un acuerdo, ya pactado, de someterse a los designios del Tribunal Arbitral Deportivo (TAS), el cual deberá ratificar la sanción de dos partidos de suspensión o anular