La Fiscalía se ha opuesto a la puesta en libertad del exjugador del Barcelona Dani Alves al entender que persiste el riesgo de huida, dada su capacidad económica y la elevada pena impuesta. La sección 21ª de la Audiencia de Barcelona celebra este martes una vista para decidir si deja en libertad provisional al futbolista tal y como ha pedido su defensa a la espera de que sea firme la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una mujer en una discoteca de Barcelona.
Al final de la vista, Alves ha intervenido por videoconferencia desde la cárcel Brians 2, en la que lleva más de un año en prisión provisional. "Creo en la justicia. No voy a huir", ha asegurado. La vista se ha convocado a solicitud de su defensa, que ejerce la abogada Inés Guardiola, después de que el jugador fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Están convocados la Fiscalía y los abogados de las partes, mientras que la previsión es que Alves lo seguirá por videoconferencia desde la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).
La Fiscalía, que en su recurso contra la sentencia pide a la Audiencia que condene a Alves a nueve años de cárcel, ha pedido al tribunal que mantenga en prisión al futbolista, argumentando que sigue existiendo riesgo de fuga, si cabe más aún después de la sentencia, puesto que la pena sigue siendo alta.
Unos argumentos que también ha esgrimido la acusación particular ejercida por la víctima, a través de su abogada, Ester García, que también ha hecho hincapié en los recursos económicos del procesado.
Sin embargo, la defensa aduce que esa capacidad económica no es tal, dado que a raíz de su detención se rescindieron los acuerdos de patrocinio que Alves tenía firmados con varias marcas, perdió su trabajo en el club de fútbol Pumas de México y aún no ha cobrado la suma que le adeuda Hacienda por un contencioso tributario que se resolvió a su favor.
La abogada, Inés Guardiola, también argumenta que Alves cumplió el pasado 5 de marzo una cuarta parte de su condena, con lo que de ser firme la sentencia ya podría disfrutar de permisos e incluso acceder al tercer grado, que la pena impuesta es muy inferior a la que solicitaban las acusaciones -nueve y doce años- y que el TSJC puede tardar hasta un año en resolver sobre el asunto.
Como alternativas, la defensa, que en su recurso al TSJC vuelve a pedir la absolución, acepta que se imponga a Alves una fianza de 50.000 euros, además de la retirada del pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado.