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¿A qué se dedican las empresas públicas? Corcho, vidrio, carreras...

El Estado español mantiene en su poder más de 200 entes mercantiles o empresariales. A pesar de que su venta podría ser una importante fuente de ingresos, no se habla de su privatización. Mientras, la lista de entidades dependientes de la Administración ofrece actividades realmente curiosas.

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Puede que muchos españoles no lo sepan, pero su Gobierno se dedica a la "producción y explotación mercantil del corcho", a la "fabricación artística del vidrio, así como a la difusión de su artesanía y su historia" o a organizar "carreras de caballos". Y no es porque José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Pajín o Elena Salgado hayan invertido en empresas que se dediquen a estas actividades. Es porque el Estado español posee la mayoría de las acciones de entidades mercantiles con este fin social.

Las anteriores son sólo algunas de las finalidades de los 474 entes adscritos al Inventario de Bienes del Sector Público Estatal (Invespe). Desde compañías expropiadas hace más de 25 años a Rumasa, hasta minas en proceso de desaparición, pasando por hoteles o seguros, la lista de actividades supuestamente reservadas al mercado pero en las que el Estado central compite es muy larga. Y en estos momentos de crisis y de recorte del gasto público muchos ciudadanos se preguntan si tiene algún sentido mantener todos estos organismos a costa del erario público.

Hacer el recuento de todos los organismos que dependen del Estado y de su valor es un trabajo de chinos. Tan sólo la base de datos de Invespe ofrece información fidedigna y fiable. El problema es que en esta lista se mezclan desde la Agencia Estatal Antidopaje (en la categoría de Agencias Estatales) hasta la Fundación del Museo del Prado (en Fundaciones), pasando por la Sociedad Anónima Hipódromo de la Zarzuela. En su gran mayoría, los organismos que compiten directamente en el mercado están en las categorías de Entidades Públicas Empresariales (hay 14) y Sociedades Mercantiles Estatales (hay 209). Y son estos más de 200 entes los que habitualmente se invocan cuando se habla de privatizaciones.

La lógica dice que si estas compañías son rentables, deberían venderse y con lo que se obtenga, reducir la deuda pública. Además, sus nuevos titulares pagarían impuestos, como el resto de empresarios y, posiblemente, gestionen mejor su compañía que los actuales administrativos públicos. Y si no son rentables, entonces deberían cerrarse –más en un momento de crisis como éste-, y dejarían de convertirse en un pozo sin fondo de recursos públicos.

En los años 80 y 90, el Estado español acometió una serie de privatizaciones que le llevaron a desprenderse de compañías como Iberia, Telefónica, Repsol o Seat. Aquellas ventas permitieron dotar de recursos al Estado, reducir su déficit y crear compañías privadas eficientes y que en estos momentos son líderes en sus respectivos sectores. Sin embargo de los más de 12.000 millones que se obtuvieron por este concepto en 1997 y 1998, se ha pasado a los 398 millones de 2008 y a los 0 del año pasado. Pero queda mucho por privatizar.

Entre las compañías señeras que todavía siguen en poder del Estado se encuentran Aena, Renfe, RTVE, Loterías y Apuestas del Estado, Correos o Paradores de Turismo. Todas ellas podrían venderse con relativa facilidad en el mercado, aunque su valor variaría mucho en función de las obligaciones que el Estado impusiese a sus compradores. Este domingo, El Mundo publicaba un artículo en el que valoraba Aena en 7.700 millones de euros y cifraba el activo material de Renfe en al menos 6.000 millones.

Es difícil calcular cuánto valdría una compañía pública en el mercado. Las cuentas sólo podrían hacerse en el momento de la venta o comparando con sus competidores. Por ejemplo, en estos momentos, la capitalización bursátil de Telecinco supera los 2.386 millones de euros. Ésta es una cantidad que RTVE, con sus radios, sus delegaciones territoriales y su archivo seguramente podría superar. Sin embargo, nadie se plantea su privatización y no sólo eso, sino que desde comienzos de este año no recibe publicidad y se financia exclusivamente con cargo a los bolsillos de los españoles –el año pasado tuvo un presupuesto superior a los mil millones de euros-.

Además de estas grandes empresas en poder del Gobierno, el Estado mantiene importantes participaciones en cinco grandes empresas cotizadas: Iberia (5,16%), Red Eléctrica (20%), CASA-EADS (5,48%), Ebro Puleva (8,65%) y Enagás (5%). La venta de todos estos paquetes accionariales podría generar unos ingresos de unos 2.500 millones de euros aproximadamente.

El Gobierno, a pesar del plan de reducción del déficit en el que está embarcado desde mayo, no ha hecho ningún anuncio acerca de una posible privatización de alguna de estas 200 y pico entidades. De esta manera, Paradores, RTVE o Aena parece que seguirán mucho tiempo en manos públicas. Y también lo harán La Almoraima, Cesce o el Hipódromo de la Zarzuela.

Privatizar una compañía suele acarrear protestas de los trabajadores y quebraderos de cabeza a los políticos responsables. Quizás por eso, los Presupuestos Generales del Estado sigan incluyendo partidas tan curiosas como las que financian algunas de las actividades reseñadas. Y eso sin hablar de las comunidades autónomas, que han multiplicado el número de empresas públicas por tres en menos de una década.

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