Las federaciones del sector público de los sindicatos UGT y CCOO han convocado una concentración "masiva" de empleados públicos este miércoles, día 22 de septiembre, ante el palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, en contra del decreto ley de reestructuración del sector público de la Junta.
Sin embargo, un documento de la UGT-A admite tal reordenación e incluso acepta que derechos de funcionarios y laborales de la Junta – personal que ha pasado por los principios reguladores de acceso a la función pública recogidos en la Ley 6/85 de Ordenación de la Función Pública Andaluza – sean equiparados con el personal de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía que no han pasado por esta Ley 6/85, esto es, que han sido contratados de manera arbitraria.
Esta manifestación es una de las medidas que adoptarán los sindicatos para mostrar su "disconformidad y protesta" al decreto 5/2010 de Reordenación del Sector Público Andaluz y estableció un calendario de actuaciones para el mes de septiembre.
Así, esta concentración supone un acto de protesta "ante el rechazo de la imposición que ha supuesto el decreto-ley 5/2010, que incumple normas legales como el Estatuto Básico del Empleado Público" y se enmarca dentro del calendario de movilizaciones que se ha elaborado por la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, y que concluirán con la jornada de huelga general el próximo 29 de septiembre.
Sin embargo, la UGT-A publicó un texto denominado Posición de UGT-A ante la reordenación del Sector Público andaluz en la que deja claro su total apoyo a esta reordenación. El texto está en la propia página de UGT y en él manifiesta que era una "reordenación necesaria".
Continúa indicando que "la UGT Andalucía viene planteando la necesidad de esta reordenación en una parte de la Administración de la Junta de Andalucía que había alcanzado un desproporcionado número de entidades bajo diversas formas jurídicas y alejándose del control administrativo-económico y del Parlamento". Añadiendo que la iniciativa de reordenación aproxima el sector público a la Administración de la Junta de Andalucía, la hace más Administración, por cuanto va a estar más sometida al Derecho Administrativo."
El texto reconoce que ha habido diversas reuniones sobre el Decreto. En este contexto el día 29 de julio varios medios de comunicación en Andalucía informaron que la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, reconoció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la reordenación del sector público había sido acordada con los sindicatos.
Sin embargo, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Andalucía FSC-CCOO-A, Felipe Falcó, desmintió que el decreto de reordenación del sector público aprobado por el ejecutivo andaluz el pasado martes 27 de julio hubiera sido negociado previamente con los sindicatos. Así, en el texto se indica que "la UGT Andalucía ha participado en las 4 reuniones que se han celebrado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública. En estas reuniones no ha existido negociación, sino que respondía a un proceso de información y consulta."
A lo largo de este proceso, UGT Andalucía ha mantenido su posición favorable a la reordenación del sector público andaluz, si bien ha supeditado su apoyo al Decreto-ley a que se garantice el mantenimiento del empleo y que se garantice también que la reforma no repercutirá en la pérdida de derechos y condiciones laborales del personal afectado."
También indica que "a la UGT Andalucía le preocupan los efectos que producirá la integración de personal de distintos colectivos en una entidad."
Así, calculamos que habrá más de una Agencia en la que confluirán 6 colectivos: el personal funcionario adscrito funcionalmente, el personal funcionario que voluntariamente se integre, el personal laboral de la administración general de la JA subrogado, los procedentes de las entidades que se extingan (que en varios casos son más de una) y el personal que pueda incorporarse fruto de una selección. "Es decir, en una misma entidad tendrán que convivir 6 sistemas de condiciones tan relevantes en las relaciones laborales como el salario, jornadas, horarios, licencias, permisos y otros."
En cuanto a la propuesta de la UGT-Andalucía sobre las condiciones laborales del personal integrado en el texto se indica que "la UGT Andalucía ha propuesto la negociación de un Acuerdo-Convenio marco, de los previstos en el artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores. Este convenio marco serviría para regular determinadas materias que deben ser comunes para todo el personal de la Administración de la Junta de Andalucía. El resto de condiciones, se negociarían en convenios colectivos de agencia, atendiendo a las singularidades de éstas. Es decir, abogamos por un "tronco común" de condiciones laborales en toda la Junta de Andalucía que, a juicio de la UGT Andalucía debería tener su base y plataforma en el actual VI Convenio Colectivo del Personal de la Junta de Andalucía."
Esta propuesta viene a reconocer y a equipar derechos que los funcionarios y laborales de la Administración General de la Junta de Andalucía tienen en la actualidad – personal que ha pasado por los principios reguladores de acceso a la función pública recogidos en la Ley 6/85 de Ordenación de la Función Pública Andaluza – con el personal de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía que no han pasado por esta Ley 6/85 de ordenación de la función pública.
Sobre todo al indicar que "abogamos por un "tronco común" de condiciones laborales en toda la Junta de Andalucía que debería tener su base y plataforma en el actual VI Convenio Colectivo del Personal de la Junta de Andalucía."
¿Doble Juego?