LD (Agencias) La sentencia del Tribunal Supremo tiene fecha 9 de diciembre de 2004, aunque la Federación de Empresarios la ha conocido este jueves y la ha hecho pública. Según la FER, esto supone "un paso sustancial más" en la lucha contra las vacaciones fiscales, después de que el Tribunal de Luxemburgo diese la razón al Gobierno de La Rioja y eliminase el conocido "efecto frontera" por el que las empresas conseguían bonificaciones al instalarse en el País Vasco.
La sentencia anula diez artículos de las normas forales de 1996, sin posibilidad de recurso. Entre los artículos que han sido anulados se incluye uno sobre Sociedades de Promoción de Empresas, que permitía al País Vasco un "régimen tributario específico y más beneficioso". También se anula el artículo 15 "sobre reglas de valoración y cálculo más favorable de la inflación" y el 29, sobre el tipo de gravamen, que reflejaba el 32,5 por ciento en lugar del 35 por ciento, con tipos especiales del 30 por ciento y del 25 por ciento.
La Federación de Empresarios de La Rioja ha mostrado su satisfacción por esta nueva sentencia que "avanza un paso más en la eliminación definitiva de los privilegios establecidos por las normas forales vascas, que significaron un desagravio para la empresa riojana y La Rioja".
Los empresarios y el Gobierno vasco intentarán recurrir al Constitucional
Por el contrario, la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) está analizando la posibilidad de interponer recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que considera que "deja vacío de contenido el elemento más trascendente del autogobierno vasco". El Círculo de Empresarios Vascos también ha anunciado que apoyará todos los recursos que se interpongan contra la sentencia.
El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao (PNV), ha afirmado que el Tribunal Supremo "ha anulado la Ley de Concierto Económico". A su juicio, se trata del "mayor atentado al autogobierno vasco" y ha manifestado que en la Diputación Foral de Vizcaya se sienten "violentados, engañados y sin un sistema de garantías", tras una sentencia que "deja en papel mojado" la Ley de Concierto "firmada por el Rey de España y José María Aznar" en mayo de 2002.