LD (EFE) España figura entre los países industrializados que cuentan con un sistema fiscal más complejo para sus empresas y, de hecho, las empresas españolas dedican seis veces más tiempo a cumplir sus obligaciones fiscales que las alemanas y cinco veces más que las francesas. Esta es una de las conclusiones del informe realizado por el Banco Mundial en colaboración con la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) para comparar los diferentes regímenes fiscales y para determinar su eficacia y su impacto en la inversión empresarial. Entre éstas, también se destaca que España figura en el grupo de economías desarrolladas en el que las empresas soportan una carga tributaria mayor en relación con sus beneficios.
Así, España figura en los últimos puestos del ránking de los países industrializados que evalúa la complejidad de los sistemas tributarios para las empresas y el tiempo que exige a las compañías la preparación, el envío de la documentación y el pago o reembolso de los principales impuestos a la Administración Fiscal. El informe advierte de que los sistemas tributarios demasiado complejos son disuasorios para la inversión y pueden incitar a la evasión fiscal, por eso los países más desarrollados tienden a reducir los impuestos que gravan los beneficios empresariales y simplifican los procesos administrativos.
La encuesta revela que, entre los países ricos que cuentan con un marco impositivo más simple, figuran Irlanda, Suiza, Nueva Zelanda y los países nórdicos, donde se han puesto en marcha programas para reducir la regulación y facilitar la relación entre la Administración y las empresas, mientras que la República Checa, España e Italia destacan por la complejidad de su sistema. Como ejemplo, y según el estudio, las empresas españolas dedican 602 horas anuales a cumplir sus obligaciones fiscales, casi 330 horas menos que la República Checa, que lidera el ránking en horas, y 242 horas anuales más que Italia.
Respecto al ránking que contabiliza la parte de los beneficios que las empresas dedican al pago de impuestos, España aparece en el sexto lugar de la lista, solamente superado por Italia, Bélgica, Francia, Grecia y Hungría. En cuanto al número de veces anuales que las empresas tienen que pagar sus impuestos, España, con 20 ocasiones, se sitúa en una posición intermedia dentro del grupo de países industrializados, por delante de países miembros de la UE, como Francia y Alemania, con 33 y 32 pagos anuales, respectivamente.
Los países más avanzados por el menor número de pagos son Suecia, con cinco veces al año, Reino Unido con siete pagos al año, Irlanda con ocho y Estados Unidos con diez pagos anuales. En el informe del Banco Mundial y PwC, aparece un apartado dedicado a los impuestos indirectos (IVA, Impuestos especiales, tasas), que aumentaron en general en los sistemas fiscales mundiales con respecto a la imposición directa (IRPF, Impuesto sobre Sociedades).
El estudio señala que los impuestos que gravan el consumo constituyeron aproximadamente el 30 por ciento de los ingresos fiscales recaudados por los países de la OCDE en 2004, lo que se explica por la competitividad fiscal para atraer la inversión empresarial -menos impuestos directos y más indirectos- y por potenciar la creación de empleo sin reducir los ingresos. Los autores del informe proponen por eso un modelo que mejore y perfeccione el entorno fiscal, de forma que sea favorable tanto para la Administración como para las empresas y los contribuyentes.
Así, España figura en los últimos puestos del ránking de los países industrializados que evalúa la complejidad de los sistemas tributarios para las empresas y el tiempo que exige a las compañías la preparación, el envío de la documentación y el pago o reembolso de los principales impuestos a la Administración Fiscal. El informe advierte de que los sistemas tributarios demasiado complejos son disuasorios para la inversión y pueden incitar a la evasión fiscal, por eso los países más desarrollados tienden a reducir los impuestos que gravan los beneficios empresariales y simplifican los procesos administrativos.
La encuesta revela que, entre los países ricos que cuentan con un marco impositivo más simple, figuran Irlanda, Suiza, Nueva Zelanda y los países nórdicos, donde se han puesto en marcha programas para reducir la regulación y facilitar la relación entre la Administración y las empresas, mientras que la República Checa, España e Italia destacan por la complejidad de su sistema. Como ejemplo, y según el estudio, las empresas españolas dedican 602 horas anuales a cumplir sus obligaciones fiscales, casi 330 horas menos que la República Checa, que lidera el ránking en horas, y 242 horas anuales más que Italia.
Respecto al ránking que contabiliza la parte de los beneficios que las empresas dedican al pago de impuestos, España aparece en el sexto lugar de la lista, solamente superado por Italia, Bélgica, Francia, Grecia y Hungría. En cuanto al número de veces anuales que las empresas tienen que pagar sus impuestos, España, con 20 ocasiones, se sitúa en una posición intermedia dentro del grupo de países industrializados, por delante de países miembros de la UE, como Francia y Alemania, con 33 y 32 pagos anuales, respectivamente.
Los países más avanzados por el menor número de pagos son Suecia, con cinco veces al año, Reino Unido con siete pagos al año, Irlanda con ocho y Estados Unidos con diez pagos anuales. En el informe del Banco Mundial y PwC, aparece un apartado dedicado a los impuestos indirectos (IVA, Impuestos especiales, tasas), que aumentaron en general en los sistemas fiscales mundiales con respecto a la imposición directa (IRPF, Impuesto sobre Sociedades).
El estudio señala que los impuestos que gravan el consumo constituyeron aproximadamente el 30 por ciento de los ingresos fiscales recaudados por los países de la OCDE en 2004, lo que se explica por la competitividad fiscal para atraer la inversión empresarial -menos impuestos directos y más indirectos- y por potenciar la creación de empleo sin reducir los ingresos. Los autores del informe proponen por eso un modelo que mejore y perfeccione el entorno fiscal, de forma que sea favorable tanto para la Administración como para las empresas y los contribuyentes.