LD (Agencias) Después del paréntesis del verano, esta Comisión volverá a reunirse la semana que viene, aunque aún está por determinar el día, precisó el portavoz del PP en esta Comisión, Tomás Burgos. Según éste, casi todos los temas están "prácticamente cerrados", aunque al ser un texto con "asuntos interrelacionados", todavía no se puede hacer una valoración global. De hecho, el grado de acuerdo es "bastante notable" y para las siguientes reuniones sólo quedan por precisar dos aspectos que, "precisamente por su dificultad", se dejaron para el final: el esfuerzo de cotización de los trabajadores (contributividad) y la mejora de la protección social.
De acuerdo con las declaraciones de Burgos, lo más probable es que se pacte "seguir avanzando en el principio de la contributividad", es decir, que la pensión refleje progresivamente el esfuerzo de cotización de los ciudadanos a lo largo de su vida laboral, y que esa ampliación se haga con el consenso de los agentes sociales. Probablemente, se acordará "impulsar" esa recomendación, aunque sin establecer "plazos ni tiempos" concretos, sino que únicamente se precisará que se trata de "un principio de justicia social y que sería oportuno avanzar en esa dirección", recomendación que también acepta el PSOE, dijo la diputada socialista Isabel López i Chamosa. De ser así, la Comisión reeditaría una recomendación del Pacto de Toledo de 1995 pero sin profundizar en ella, ya que no establecerá plazos para aumentar el periodo de cotización que se toma para calcular la jubilación de los trabajadores, y que desde entonces está establecido en los últimos quince años de vida laboral.
La portavoz de CiU, Inmaculada Riera, confirmó que existe una "muy buena predisposición" de los grupos para cerrar este punto antes de "entrar en la dinámica electoral" y que, "muy probablemente", se pactará "una declaración en línea con lo acordado en 1995". A su juicio, el principio de contributividad es un "tema muy delicado, importante y estratégico que requiere mucho rigor, información, y la implicación de los agentes sociales", y, que aún no es el momento de debatir. Para Riera, que la Comisión "no afronte este tema específico no significa que la reedición del Pacto de Toledo pierda valor", ya que se ha logrado revisar otros puntos del documento pactado en 1995 y que habían quedado obsoletos por los cambios sociales y por las modificaciones del mercado laboral.
Otro aspecto pendiente de negociación es el de la mejora de la protección social de algunos colectivos como los perceptores de pensiones mínimas —jubilación, viudedad, orfandad e incluso del extinguido SOVI—. En este punto, el portavoz del PP aseguró que existe consenso en que "hay camino por recorrer", aunque las divergencias están en cómo hacerlo, precisó la diputada socialista. De hecho, el PSOE y CiU coinciden en que hay que mejorar la pensión de las viudas, pero no están de acuerdo en hacerlo como plantea el PP, que es a través de incrementos de la base reguladora.
Estos grupos de oposición creen que habría que desarrollar otros métodos para que se traduzcan en "amplias mejoras netas de las pensiones", precisó Riera, porque modificar la base reguladora no siempre se traduce un aumento de renta, según el PSOE. Además, quedan por tratar propuestas de CiU, como la descentralización de la Seguridad Social y la transferencia de esas competencias a las comunidades autónomas, algo "que está reconocido por ley y que serviría para mejorar la gestión y la eficacia de la protección social y que no significa romper el principio de caja única de las pensiones", precisó Riera. Por su parte, el PSOE defenderá entre otras cosas el derecho de las parejas de hecho a percibir la pensión de viudedad, "una demanda —precisó la diputada López i Chamosa— que, a lo mejor, el PP se piensa un poco ahora, sobre todo después de negar ese derecho a algunas parejas de los militares fallecidos en el accidente del Yakolev 42".
De acuerdo con las declaraciones de Burgos, lo más probable es que se pacte "seguir avanzando en el principio de la contributividad", es decir, que la pensión refleje progresivamente el esfuerzo de cotización de los ciudadanos a lo largo de su vida laboral, y que esa ampliación se haga con el consenso de los agentes sociales. Probablemente, se acordará "impulsar" esa recomendación, aunque sin establecer "plazos ni tiempos" concretos, sino que únicamente se precisará que se trata de "un principio de justicia social y que sería oportuno avanzar en esa dirección", recomendación que también acepta el PSOE, dijo la diputada socialista Isabel López i Chamosa. De ser así, la Comisión reeditaría una recomendación del Pacto de Toledo de 1995 pero sin profundizar en ella, ya que no establecerá plazos para aumentar el periodo de cotización que se toma para calcular la jubilación de los trabajadores, y que desde entonces está establecido en los últimos quince años de vida laboral.
La portavoz de CiU, Inmaculada Riera, confirmó que existe una "muy buena predisposición" de los grupos para cerrar este punto antes de "entrar en la dinámica electoral" y que, "muy probablemente", se pactará "una declaración en línea con lo acordado en 1995". A su juicio, el principio de contributividad es un "tema muy delicado, importante y estratégico que requiere mucho rigor, información, y la implicación de los agentes sociales", y, que aún no es el momento de debatir. Para Riera, que la Comisión "no afronte este tema específico no significa que la reedición del Pacto de Toledo pierda valor", ya que se ha logrado revisar otros puntos del documento pactado en 1995 y que habían quedado obsoletos por los cambios sociales y por las modificaciones del mercado laboral.
Otro aspecto pendiente de negociación es el de la mejora de la protección social de algunos colectivos como los perceptores de pensiones mínimas —jubilación, viudedad, orfandad e incluso del extinguido SOVI—. En este punto, el portavoz del PP aseguró que existe consenso en que "hay camino por recorrer", aunque las divergencias están en cómo hacerlo, precisó la diputada socialista. De hecho, el PSOE y CiU coinciden en que hay que mejorar la pensión de las viudas, pero no están de acuerdo en hacerlo como plantea el PP, que es a través de incrementos de la base reguladora.
Estos grupos de oposición creen que habría que desarrollar otros métodos para que se traduzcan en "amplias mejoras netas de las pensiones", precisó Riera, porque modificar la base reguladora no siempre se traduce un aumento de renta, según el PSOE. Además, quedan por tratar propuestas de CiU, como la descentralización de la Seguridad Social y la transferencia de esas competencias a las comunidades autónomas, algo "que está reconocido por ley y que serviría para mejorar la gestión y la eficacia de la protección social y que no significa romper el principio de caja única de las pensiones", precisó Riera. Por su parte, el PSOE defenderá entre otras cosas el derecho de las parejas de hecho a percibir la pensión de viudedad, "una demanda —precisó la diputada López i Chamosa— que, a lo mejor, el PP se piensa un poco ahora, sobre todo después de negar ese derecho a algunas parejas de los militares fallecidos en el accidente del Yakolev 42".