L D (EFE) Así lo manifestaron en la comisión general de Comunidades Autónomas del Senado los responsables de la política de Vivienda de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco; de Madrid, Mariano Zabía; de Castilla y León, Antonio Silván; de Murcia, Joaquín Bascuñana; y de La Rioja, Antonino Burgos. Todos coincidieron en señalar que el citado Plan, que la ministra explicó hoy en la Cámara Alta, invade competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas y, por esta razón, los Gobiernos de la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León estudian actualmente el borrador de dicho Plan para determinar si finalmente presentan recursos de inconstitucionalidad.
También protestaron por el plazo de siete días que el Ministerio ha concedido a las Comunidades Autónomas para que ofrezcan sus alegaciones. Así, el consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, consideró "insuficiente" y "poco flexible" el Plan 2005-2008 para su Comunidad, ya que "interfiere en las competencias exclusivas de la Comunidad, como la agencia estatal de alquiler". Tras criticar el modelo de financiación de viviendas concertadas que el Plan propone, Blasco dijo que la Comunidad dispone de uno desde hace tiempo y destacó, en este sentido, "la paradoja" que supone que la Generalitat quede "al margen" de las ayudas del Estado "por el simple hecho de habernos adelantado al Plan".
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Mariano Zabía, lo tildó de "equivocación clamorosa" y, acto seguido, acusó a Trujillo de no seguir el "éxito" del Gobierno de Esperanza Aguirre en las políticas de fomento del alquiler y de ayuda a los jóvenes. "Ya sé que para usted Madrid es referente para lo malo en política de vivienda", sentenció. También reprochó a la ministra que quiera "imponer" el Plan a las Comunidades, en vez de colaborar con ellas, lo que puede traducirse en que muchos Gobiernos autonómicos se vean obligados a cambiar sus legislaciones para adaptarse a la estatal.
Subrayó que el Plan introduce "medidas contradictorias", como las que afectan a la calificación del tipo de vivienda, y acusó a Trujillo de permitir que su política venga dictada del Ministerio de Defensa, como en el caso de la Operación Campamento. Por su parte, el consejero de Fomento de Castilla y León, Antonio Silván, declaró que el Plan "llega tarde", ya que debería haberse aprobado el año pasado; que es "escasamente social", por cuanto reduce las ayudas; y que su contenido resulta "deficiente". En su opinión, el borrador "no tiene en cuenta los planes de vivienda de las Comunidades Autónomas". Silván criticó, además, la calificación del tipo de vivienda por el tiempo de uso útil o la posibilidad de implantar una "ventanilla única" para la gestión de la vivienda, competencia que depende de las Comunidades Autónomas.
El consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte de La Rioja, Antonino Burgos, consideró que el plan es más intervencionista que el actual y que no se adapta a la diversidad de las comunidades, por lo que, auguró, va a estar "abocado al enfrentamiento". Su homólogo en el Gobierno de Murcia, Joaquín Bascuñana, señaló que "hacer un plan intervencionista y venderlo como participativo y de consenso no es justo". Asimismo, todos los consejeros del PP pidieron un aumento del plazo de alegaciones para llevar a cabo "una reflexión más profunda" que se traduzca en mayor colaboración y coordinación con el Gobierno central.
También protestaron por el plazo de siete días que el Ministerio ha concedido a las Comunidades Autónomas para que ofrezcan sus alegaciones. Así, el consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, consideró "insuficiente" y "poco flexible" el Plan 2005-2008 para su Comunidad, ya que "interfiere en las competencias exclusivas de la Comunidad, como la agencia estatal de alquiler". Tras criticar el modelo de financiación de viviendas concertadas que el Plan propone, Blasco dijo que la Comunidad dispone de uno desde hace tiempo y destacó, en este sentido, "la paradoja" que supone que la Generalitat quede "al margen" de las ayudas del Estado "por el simple hecho de habernos adelantado al Plan".
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Mariano Zabía, lo tildó de "equivocación clamorosa" y, acto seguido, acusó a Trujillo de no seguir el "éxito" del Gobierno de Esperanza Aguirre en las políticas de fomento del alquiler y de ayuda a los jóvenes. "Ya sé que para usted Madrid es referente para lo malo en política de vivienda", sentenció. También reprochó a la ministra que quiera "imponer" el Plan a las Comunidades, en vez de colaborar con ellas, lo que puede traducirse en que muchos Gobiernos autonómicos se vean obligados a cambiar sus legislaciones para adaptarse a la estatal.
Subrayó que el Plan introduce "medidas contradictorias", como las que afectan a la calificación del tipo de vivienda, y acusó a Trujillo de permitir que su política venga dictada del Ministerio de Defensa, como en el caso de la Operación Campamento. Por su parte, el consejero de Fomento de Castilla y León, Antonio Silván, declaró que el Plan "llega tarde", ya que debería haberse aprobado el año pasado; que es "escasamente social", por cuanto reduce las ayudas; y que su contenido resulta "deficiente". En su opinión, el borrador "no tiene en cuenta los planes de vivienda de las Comunidades Autónomas". Silván criticó, además, la calificación del tipo de vivienda por el tiempo de uso útil o la posibilidad de implantar una "ventanilla única" para la gestión de la vivienda, competencia que depende de las Comunidades Autónomas.
El consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte de La Rioja, Antonino Burgos, consideró que el plan es más intervencionista que el actual y que no se adapta a la diversidad de las comunidades, por lo que, auguró, va a estar "abocado al enfrentamiento". Su homólogo en el Gobierno de Murcia, Joaquín Bascuñana, señaló que "hacer un plan intervencionista y venderlo como participativo y de consenso no es justo". Asimismo, todos los consejeros del PP pidieron un aumento del plazo de alegaciones para llevar a cabo "una reflexión más profunda" que se traduzca en mayor colaboración y coordinación con el Gobierno central.