LD (EFE) No obstante, en esa nota la familia catalana se reserva el derecho a ponderar "cualquiera operaciones económicas, actos jurídicos, acuerdos con terceros o acciones legales que convengan a su interés y resulten conformes con el ordenamiento". Cresa Patrimonial, la sociedad de la familia Sanahuja, planteó el pasado mes de marzo una OPA sobre el 20 por ciento de Metrovacesa a 78,10 euros por acción, una oferta respondida por Rivero y su socio Bautista Soler con una contra oferta por el 26 por ciento del capital a 80 euros por título.
Ambas OPAs concluyeron el pasado 20 de septiembre, alcanzando Rivero y Soler una participación conjunta del 36,145 por ciento (el 19,365 y el 16,78 por ciento, respectivamente), en tanto que los Sanahuja aumentaron la suya hasta el 39,62 por ciento. No se quedaron ahí los cambios en el reparto del capital, ya que el mes pasado Rivero y Soler vendieron un tres por ciento de su capital a la promotora Prasa, que apoya la gestión del actual presidente, de manera que se quedaron con el 17,86 y el 15,28 por ciento, respectivamente. Todos estos cambios se enmarcan en la lucha que protagonizan Rivero y la familia Sanahuja por hacerse con el control de la compañía.
Una pugna que se ha trasladado al Consejo de Administración, controlado por Rivero, que ejecutará una ampliación de capital por mil millones de euros, pero sin que los actuales accionistas puedan ejercer el derecho de compra preferente, lo que podría diluir la participación de los Sanahuja. La familia catalana ha solicitado a Rivero que convoque una Junta General Extraordinaria de Accionistas, que revoque la autorización para llevar a cabo esa ampliación de capital.
Esta petición fue respondida por el Consejo que lamentó que los Sanahuja tratasen de "obstaculizar" una iniciativa con la que Metrovacesa pretende dotarse de los recursos necesarios para la realización de "operaciones corporativas de interés para la empresa". Metrovacesa precisó que la próxima convocatoria de la Junta Extraordinaria no supone "renuncia ni limitación alguna" a las facultades delegadas al Consejo por los accionistas para ampliar capital y emitir obligaciones convertibles.
Ambas OPAs concluyeron el pasado 20 de septiembre, alcanzando Rivero y Soler una participación conjunta del 36,145 por ciento (el 19,365 y el 16,78 por ciento, respectivamente), en tanto que los Sanahuja aumentaron la suya hasta el 39,62 por ciento. No se quedaron ahí los cambios en el reparto del capital, ya que el mes pasado Rivero y Soler vendieron un tres por ciento de su capital a la promotora Prasa, que apoya la gestión del actual presidente, de manera que se quedaron con el 17,86 y el 15,28 por ciento, respectivamente. Todos estos cambios se enmarcan en la lucha que protagonizan Rivero y la familia Sanahuja por hacerse con el control de la compañía.
Una pugna que se ha trasladado al Consejo de Administración, controlado por Rivero, que ejecutará una ampliación de capital por mil millones de euros, pero sin que los actuales accionistas puedan ejercer el derecho de compra preferente, lo que podría diluir la participación de los Sanahuja. La familia catalana ha solicitado a Rivero que convoque una Junta General Extraordinaria de Accionistas, que revoque la autorización para llevar a cabo esa ampliación de capital.
Esta petición fue respondida por el Consejo que lamentó que los Sanahuja tratasen de "obstaculizar" una iniciativa con la que Metrovacesa pretende dotarse de los recursos necesarios para la realización de "operaciones corporativas de interés para la empresa". Metrovacesa precisó que la próxima convocatoria de la Junta Extraordinaria no supone "renuncia ni limitación alguna" a las facultades delegadas al Consejo por los accionistas para ampliar capital y emitir obligaciones convertibles.