LD (EFE) Anunciada hace un año y con una ejecución ordenada, el proceso de sucesión de Iñigo de Oriol arrancó con un único candidato: Ignacio Sánchez Galán, consejero delegado desde hace cinco años.
Este salmantino de 55 años aterrizó en Iberdrola en 2001, poco después de que las condiciones impuestas por el equipo del entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, frustraran la fusión con Endesa, con una decidida apuesta por el crecimiento de la eléctrica a partir de su negocio básico: la generación de electricidad.
Con amplias funciones ejecutivas desde su nombramiento, Sánchez Galán diseñó el Plan Estratégico para el periodo 2002-2006 a su llegada a la eléctrica, un proyecto que pasaba de largo ante las estrategias de diversificación para centrarse en el desarrollo de las energías renovables y de los ciclos combinados de gas.
Esta estrategia ha permitido a Iberdrola duplicar su valor bursátil, hasta alcanzar los 24.000 millones, elevar la potencia instalada de la eléctrica de 16.000 a 27.800 megavatios (MW) y su producción de 51.000 a más de 85.000 gigavatios hora (GWh). Con estos resultados, no resulta extraño que los miembros del Consejo hayan destacado este miércoles que el nombramiento de Sánchez Galán responde al exitoso rumbo seguido por la compañía desde su incorporación.
Ingeniero industrial por el ICAI, diplomado en Administración de Empresas por el ICADE y en Administración de Empresas y Comercio Exterior por la EOI, inició su carrera profesional en 1972 en Tudor, compañía a la que dedicó 19 años de su vida y en la que dirigió diversas sociedades del grupo en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y Rumanía entre otros países.
En la primera mitad de la década de los noventa trabajó en Bilbao como primer ejecutivo de Industria de Turbo Propulsores (ITP) y en 1995 fue nombrado consejero delegado de la operadora de telecomunicaciones Airtel Móvil (ahora Vodafone), la primera empresa que compitió con Telefónica Móviles.
Ajeno al sector eléctrico, a Sánchez Galán se le atribuye la pérdida de peso de Unesa en detrimento de un mayor protagonismo de las eléctricas integradas en la patronal, condenadas desde la ley de 1997 a competir en un entorno liberalizado.