El Gobierno no quiere realizar reformas estructurales para frenar la destrucción de puestos de trabajo, ya que los sindicatos más subvencionados de España (CCOO y UGT) amenazan a La Moncloa con una huelga general si modifican el modelo laboral español. Sector público y centrales sindicales prefieren estigmatizar a los empresarios, aprobando subsidios y subvenciones que se pagan con el dinero de los contribuyentes.
El Plan E ha sido una de las apuestas fundamentales del Ejecutivo en este sentido, incluyendo un fondo de inversión municipal de 8.000 millones de euros que ha servido para financiar proyectos tan extravagantes como spas rurales, pistas de pádel, boleras municipales, parques de patinaje y hasta el cambio de los sistemas de aire acondicionado en varios ayuntamientos. Todo ello aderezado con carteles obligatorios que, en muchos casos, tenían un coste superior a las obras.
El objetivo oficial es destinar este dinero de todos los contribuyentes a obra civil que genere puestos de trabajo y, en teoría, infraestructuras que ayuden a España a superar la crisis económica. Una visión keynesiana que retorna ahora al principio del nuevo siglo por la tormenta financiera internacional, como se ha demostrado en el seno de la Unión Europea y en EEUU.
Y este plan toca a su fin. El programa ha servido para esconder a cientos de miles de parados, dándoles una actividad durante unos meses a un coste enorme para las arcas públicas: más de 40.000 euros por empleo.
Ahora el Gobierno teme que una oleada de nuevos desempleados inunden las oficinas del INEM –especialmente a partir del próximo 31 de diciembre- y el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ya ha encontrado la solución: lanzar otro fondo de inversión (este de 5.000 millones de euros) para "proyectos de desarrollo sostenible en los municipios, cuyas obras estarán en ejecución a partir del 1 de enero de 2010".
Según informa el Ejecutivo "se financiarán proyectos municipales de desarrollo sostenible relacionados con el medio ambiente, la innovación económica y las iniciativas sociales" y los "entes locales podrán destinar un 20% a gasto corriente destinado la prestación de servicios educativos y sociales, principalmente la atención a personas en situación de dependencia".
Detrás de este proyecto se esconde también la falta de financiación de los ayuntamientos, que durante los años de la burbuja inmobiliaria llenaron sus arcas vendiendo suelo. Pero en lugar de ahorrar lo gastaron sin tener en cuenta que podrían venir tiempos peores, como así ha sido.
El plan ha sido aprobado en Consejo de Ministros mediante un Real Decreto Ley. El encargado de gestionar el fondo será Manuel Chaves. Una vez que entre en vigor los ayuntamientos tendrán tres meses para presentar los proyectos que "deberán ser de nueva planificación". El criterio de distribución del Fondo entre los distintos entes locales será nuevamente el de la población.
Según el Gobierno, se podrán presentar proyectos destinados a:
- Parques empresariales, científicos y tecnológicos; infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico; despliegue y acceso a las redes de telecomunicaciones de nueva generación, etcétera.
- Ahorro y eficiencia energética y de recursos hídricos; accesibilidad y uso de energías renovables; movilidad urbana sostenible y refuerzo de medios de transporte menos contaminantes.
- Centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos, y gasto corriente destinado a servicios sociales, principalmente educación y atención a personas en situación de dependencia.
"No obstante, los municipios con una población inferior a los dos mil habitantes gozarán de un mayor margen a la hora de determinar la tipología de proyectos, para facilitar el completo desarrollo del Fondo en las localidades más pequeñas", señala el Gobierno.
Cinco millones por proyecto
En relación con el empleo, "se mantiene la exigencia de que los nuevos contratos se realicen a trabajadores inscritos como demandantes de empleo, con la novedad de que se dará prioridad a los parados de larga duración (más de doce meses registrados)", según asegura el Ejecutivo, aunque el anterior Plan E se saltó esta condición, dando trabajo a muchas personas que no estaban en paro,
Las actuaciones, que podrán ser presentadas tanto por los Ayuntamientos como por agrupaciones o mancomunidades de municipios, no podrán superar los cinco millones de euros. No podrán financiarse obras que hayan recibido ayudas de otras Administraciones, salvo aquellas que sean una segunda fase de proyectos apoyados por el fondo vigente.