LD (Lorenzo Ramírez) La ministra explicó, durante su intervención en el Foro Cinco Días, que el suelo se destinará a la construcción de vivienda protegida (VPO). En septiembre, representantes del Ministerio de Vivienda se reunirán con responsables de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para consensuar los criterios con los que se seleccionarán los solares.
No obstante, adelantó que tendrán más probabilidades de ser adquiridos los suelos susceptibles de transformación inmediata, así como aquellos situados en poblaciones con una mayor demanda de vivienda.
Esta línea de actuación tendrá una vigencia de cuatro años y se llevará a cabo a través de la entidad pública de suelo SEPES. La presentación de las ofertas comenzará en el mes de octubre, de forma que el concurso durará tres meses.
Estas ofertas serán evaluadas por una comisión en la que comunidades autónomas y ayuntamientos “tendrán un papel protagonista”, precisó la ministra de Vivienda.
La oferta puede ampliarse
Sobre el precio de compra, la ministra explicó que dependerá de la ubicación del suelo y de sus características, si bien dejó claro que siempre estará en función del precio de la VPO. Según explicó la ministra, la oferta inicial de 300 millones podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso, si bien la intención del Gobierno es que esta iniciativa tenga carácter anual.
Aunque en los planes del Ejecutivo está dotar cada año una partida para esta iniciativa en el presupuesto, el importe para próximos concursos dependerá de las necesidades y de la oferta. Asimismo, Corredor anunció que a partir del próximo año el presupuesto ordinario que SEPES destina anualmente a la compra de suelo aumentará de 100 millones de euros actuales a 150 millones.
La ministra negó que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y afirmó que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.
En este sentido, dijo que la función del Gobierno no es impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda, razón por la que no se tomarán medidas que den continuidad al modelo de mercado de la última década.
"Siempre hemos mantenido que el crecimiento del sector inmobiliario era insostenible con una construcción de viviendas por encima de la demanda", dijo Corredor, quien añadió que al frenazo de las ventas se ha unido la escasez de crédito, lo que agrava la crisis que atraviesa el sector.
Corredor pide a los bancos que presten a las inmobiliarias
Ambas circunstancias se unen, explicó, al hecho de que muchas empresas inmobiliarias están fuertemente endeudadas y citó el caso de Martinsa-Fadesa, que la pasada semana solicitó el concurso voluntario de acreedores, lo que calificó de "mala noticia" para los trabajadores, compradores, ciudadanos y Gobierno.
Por esta razón pidió a las entidades financieras que confíen en el tejido empresarial español y le ofrezcan liquidez para llevar a cabo sus nuevos retos. Asimismo, solicitó a los empresarios del sector confianza en un Gobierno, que pondrá a su alcance "los medios necesario para conseguir un mercado fuerte".
Fondos públicos para vivienda
Que el Gobierno destine fondos públicos al mercado inmobiliario no es una novedad. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, ha puesto en circulación 5.000 millones de euros (casi 1 billón de las antiguas pesetas) para avalar la titulización de préstamos hipotecarios destinados a la compra de vivienda protegida (VPO).
Tales créditos, que se agotaron en el mismo momento de su emisión, servirán para financiar la salida al mercado de casi 30.000 pisos públicos en el presente ejercicio.
Pero la novedad es que, en esta ocasión, en lugar de ayudar al comprador inmobiliario también se pretende proteger a la empresa constructora, también con el dinero de todos los españoles, algo que, como sostiene Solbes, podría distorsionar el mercado y alimentar artificialmente un sector en el que algunas empresas han tomado sus decisiones de inversión alimentadas por la burbuja especulativa.