LD (EFE) El proceso se inició tras la denuncia recibida en agosto de 2001 por parte del área de salud y consumo del Ayuntamiento de Coslada por una reclamación presentada ante su oficina del consumidor contra Telefónica Móviles, a la que se fueron sumando otras denuncias contra Vodafone y Amena de clientes particulares.
Tras estudiar los escritos de las tres operadoras móviles, la CMT ha considerado que hay elementos de juicio suficientes para estimar que concurren circunstancias que justifican iniciar un procedimiento sancionador por el incumplimiento de la resolución que fijan las especificaciones técnicas aplicables para la conservación de números de telefonía móvil.
El procedimiento puede lugar a una sanción de 601.012,1 euros, según la resolución del consejo de la CMT del pasado 14 de mayo. Las operadoras tienen un plazo de quince días para presentar sus alegaciones.
Tras estudiar los escritos de las tres operadoras móviles, la CMT ha considerado que hay elementos de juicio suficientes para estimar que concurren circunstancias que justifican iniciar un procedimiento sancionador por el incumplimiento de la resolución que fijan las especificaciones técnicas aplicables para la conservación de números de telefonía móvil.
El procedimiento puede lugar a una sanción de 601.012,1 euros, según la resolución del consejo de la CMT del pasado 14 de mayo. Las operadoras tienen un plazo de quince días para presentar sus alegaciones.