Primero marcó el camino de la puesta en libertad, concediéndole el tercer grado, y ahora se rasga las vestiduras y teme que el caso del etarra Bolinaga acabe provocándole aún más quebraderos de cabeza. El auto estaba cantado a oídos del Gobierno, que lo intuía desde hacía bastante e incluso antes de conocerlo formalmente ya barajaba los pros y los contras.
El Ejecutivo admite que está ante el asunto más peliagudo al que se ha enfrentado, dejando a un lado la crisis económica. Tanto es así que ha sido el único que ha hecho removerse a sus bases electorales, ha provocado un hondo debate interno y ha indignado a las víctimas, que nunca antes se habían opuesto de forma tan frontal a una medida con sello del PP. Y después de haber dado el paso y firmado el salvoconducto empiezan las dudas. En voz de un ministro conocedor de las circunstancias judiciales y médicas del miembro de ETA, lo peor que podría ocurrir es que estuviéramos "ante otro" Iñaki De Juana Chaos.
La fotografía que más miedo provoca en el Ejecutivo es la de un Bolinaga "riéndose" de las víctimas y de la sociedad en general, y evidentemente recuperándose. Un propagandista de ETA en activo en plena campaña electoral. Y según reitera la Fiscalía no está terminal. "Eso nos haría mucho daño", añade un alto cargo popular, que mira de puertas para adentro: "Las tesis de Mayor Oreja quedarían conformadas y tendríamos de nuevo discusión", adelanta.
Los pasos que ahora vienen son los siguientes, según fuentes gubernamentales. De lo primero que se hará será retirar los barrotes de la habitación del hospital de San Sebastián donde el sanguinario secuestrador de Ortega Lara se encuentra. Dice el Ejecutivo que, en principio, Bolinaga debería pasar "muchos meses" en el centro médico y no podrá salir de él. Pero no lo pueden asegurar. El Ministerio del Interior aumentará la seguridad para vigilar sus movimientos y hacer seguimiento. No quieren sustos, dicen.
Rajoy, en Bilbao el próximo martes
Mientras, en el PP las partes siguen encontradas. Oficialmente, al igual que en el caso del Gobierno, se respeta la decisión judicial y no se hacen valoraciones. Aunque "repugne" y "a todo español se le revuelve el estomago", argumentan, la ley es igual para todos y el etarra "se beneficia de vivir en España, con su estado de derecho". Pero en privado, el sector que en el último Comité Ejecutivo alzó su voz mantiene sus reticencias.
Mariano Rajoy estará el 18 de septiembre en Bilbao, en el homenaje de Miguel Ángel Blanco. Allí podrá palpar el sentir por el caso de los suyos. Pero de primeras ya le llegan comentarios negativos sobre el ministro del ramo, Jorge Fernández Díez, a quien defendió a capa y espada en el citado órgano interno. Son amigos íntimos desde hace mucho, de la época de Aznar. También verá a Antonio Basagoiti, muy cabreado por cómo se ha llevado el asunto. Su petición: zanjar el tema porque, advierten en el PP vasco, costará votos en las urnas el veintiuno de octubre.