Cada vez se hace más visible la lucha soterrada de un sector de IU en Andalucía con la tela de araña tejida por el PSOE en la Junta. El último dato ha sido la decisión de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de IU, de despedir a un grupo de 30 directivos de la Empresa Pública del Suelo Andalucía (EPSA) y la denuncia de cobros de indemnizaciones indebidas por parte de cargos altos e intermedios pertenecientes al PSOE. Uno de ellos, José Manuel Vergel, exdirector de Recursos Humanos de Epsa, fue recolocado inmediatamente por el PSOE y presta servicio en la Delegación de Educación de la Junta en Almería.
No es casualidad porque su compañero de partido, Jorge Cara, es el secretario general de Formación Profesional. Vergel ingresó a principios de 2007 en EPSA por su afinidad política con el que era el director de la empresa pública y ahora es alto cargo en la Consejería de Educación que dirige Mar Moreno. La delegada de Educación en Almería es Isabel Arévalo, que fuera miembro de la comisión ejecutiva del PSOE de Almería cuando Vergel ostentaba la Secretaría de Empleo del partido.
Pero es más. Vergel es ugetista de toda la vida e incluso fue secretario de organización de la UGT de Andalucía elegido en el V Congreso de 1994. El documento que sigue es incuestionable:
Tela de araña contra limpieza y transparencia
En julio, la consejera Cortés redujo a la mitad el número de altos directivos y direcciones de área (de diez a cinco). Un mes después, eliminó privilegios como las cesantías de cargos intermedios aludiendo al argumento de que "no es ético que alguien designado a dedo' perciba cesantías al cesar'. Y finalmente destituyó a 30 cargos intermedios, unos 30 directivos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en el marco del proceso de reducción de su estructura directiva por "sobredimensionamiento".
Siendo director de personal de EPSA, y destituido por la nueva dirección de la Consejería y de la empresa, denunció a la Junta por no haber cobrado indemnización alkguna tras su cese. Pero los responsables de IU que ahora dirigen la empresa pública han denunciado a su vez a algunos de ellos por disponer de privilegios "de dudosa legalidad y moralidad". Uno de los cuatro denunciados es precisamente Vergel.
Los nuevos rectores de la entidad pública lo han acusado judicialmente de diseñar diversos "fraudes"(desde enmascarar pagos en especie a otros como el cobro de dietas) para exceder el tope legal del sueldo del presidente de la Junta (68.981 euros al año).
Sin embargo, el PSOE ha hecho posible que, tras su despido, Vergel está llevando la relación con la prensa a la delegada provincial de Educación. Vergel se autodefine como "un simple administrativo" y que e le han rebajado de nivel como funcionario público (del 20 al 15) que aceptó "porque cuando uno pide una excedencia se reincorpora donde existe disponibilidad de ese puesto".
Pero IU afirma que Vergel comunicó que no tenía plaza reservada en la Administración pero constaba que Vergel presta servicios en la delegación de Educación de la Junta de Andalucía, en la que no existe legalmente puestos de trabajo de libre designación para quien no ostenta la condición de funcionario".
Son 31.325 euros los que IU y sus responsables en la empresa pública EPSA quieren que devuelva Vergel por el último año si, como alega, desempeñó un cargo como laboral común y no fue alto cargo. En las memorias de EPSA de los últimos años (la última es de 2009), Vergel aparece en el organigrama como personal directivo.
Vergel se defiende explicando que "cobró las ayudas para alquiler a las que todos los funcionarios tienen derecho". En 2007 4.000 euros; 8.286 euros en 2008; 12.224 euros en 2009, 10.800 en 2010, 11.120 euros en 2011 y 6.664 euros en los primeros seis meses de 2012, aun teniendo el domicilio familiar en Sevilla.