Las palabras de la expresidenta de Invercaria, Laura Gómiz -"Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando con esta organización"-, no parecen haber hecho reflexionar al gobierno de José Antonio Griñán. En su comparecencia de ayer, su consejero de Economía y mano derecha del presidente, Antonio Ávila Cano, limitó las irregularidades en Invercaria a errores de gestión, a pesar del contundente informe de control emitido por la Cámara de Cuentas. Según Ávila, las irregularidades de gestión ya han sido subsanadas y el escándalo se debe más que nada a la frustración política del PP.
Ávila reconoció ayer en el Parlamento andaluz que la empresa pública Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) tenía problemas de gestión pero que ha corregido las observaciones formuladas en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, emitido en marzo, sobre la forma de contratación, retribuciones del personal, gastos de representación y decisiones de inversión.
Ávila rechazó que el informe suponga la existencia de corrupción en la citada empresa. El PP asegura que en Invercaria las inversiones se realizaban sin ningún criterio, los expedientes no tienen ningún papel, ni la solicitud de los préstamos, y ha sido otro fondo de reptiles, con 61 millones de euros, para darlos sin control.
Según el gobierno PSOE e IU, Invercaria desde su creación en 2005 ha intervenido en más de 1.000 iniciativas empresariales, 294 proyectos y cinco programas de inversión, dotados con más de 61 millones de euros, y que han impulsado más de 3.000 empleos. Añadió que somete anualmente sus cuentas a una auditoría a pesar de no estar obligado a ello, y que desde 2010 su actividad está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, todos los fondos que gestiona desde 2011 están regulados por la legislación nacional y controlados por el órgano supervisor.
Si la Junta lleva razón, la Fiscalía no la lleva
Invercaria "toma cuerpo", titulaba el pasado mes de marzo el diario El País. Se hacía eco de que en este caso no era la juez Alaya, sino el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, el que había decidido abrir diligencias penales por el caso y lo había comunicado, entre otras instancias, al fiscal general del Estado. Hay que recordar que el caso Invercaria saltó a la luz como consecuencia de una investigación de la Cámara de Cuentas y que su expresidenta fue "retratada" en unas "grabaciones" en las que presuntamente presionaba a un directivo para elaborar informes falsos sobre las ayudas que Invercaria otorgaba sin control.
El fiscal detalló en un decreto una decena de irregularidades en préstamos sin publicidad y con escasa documentación que contravienen la Ley de Contratos del Sector Público, y recomienda al juez instructor del caso que analice los 278 préstamos por 62 millones concedidos por Invercaria, dedicada al capital riesgo, desde su creación en 2005.
El fiscal jefe apreciaba indicios de delito para investigación penal y contable en este caso en los últimos seis años. Además, García Calderón tomó esta decisión también teniendo como referencia la instrucción que se sigue en el juzgado número 16 de Sevilla, que es a donde se remitió la denuncia presentada por el directivo de Invercaria, Cristóbal Cantos, que incluía la ya famosa grabación de la conversación que mantuvo el 26 de abril de 2011 con la expresidenta de Invercaria, en la que ésta, al parecer, le daba órdenes para que redactara informes con fechas y datos falsos sobre ayudas a empresas que ya habían sido concedidas.
Y tampoco la lleva la Policía
La Policía ya subrayó cómo en 2009 se concedieron ayudas a 39 empresas y 30 de ellas sufrieron pérdidas ese año. Los préstamos se concedieron a veces sin previos informes, sin análisis del riesgo que suponía e incluso por importe superior al capital social de la entidad. Además, las empresas tenían empleados que cobraron de las compañías pese a que no figuraban en su relación de puestos de trabajo.
Los agentes subrayaron el escaso o nulo seguimiento que tuvieron ciertas empresas por parte de la Junta. Hay casos concretos de préstamos que superaron el millón de euros, seguidos de otra ayuda menor de 100.000 euros. Al poco tiempo la empresa contaba con un agujero contable por 1,1 millones y no denotaba signos de actividad.
Tanto la Policía como el fiscal superior han investigado basándose en el informe de la Cámara de Cuentas, de ahí que recomienden al juez ordenar una serie de diligencias que incluyen el examen de todas las ayudas concedidas.
Ávila ha seguido el guión de Griñán
En las grabaciones en las que aparece la voz de la presidenta de Inveraria, Laura Gómiz, se admitía en numerosas ocasiones que las ayudas de la empresa pública se habían repartido sin respetar procedimiento alguno y que las altas instancias de la administración autonómica estaban al tanto. "Todos los que están por encima saben lo que hay en Invercaria", dijo en aquella conversación la entonces expresidenta, que tuvo que presentar su renuncia tras estallar el escándalo
Aparentemente, Gómiz pidió al directivo que modificara a posteriori esos informes como consecuencia de la auditoría que estaba realizando la Cámara de Cuentas. En esa cinta, Gómiz reconoció las irregularidades, presionó al directivo Cristóbal Cantos y, cuando éste mostró reparos deontológicos a las peticiones de la presidenta, zanjó la cuestión con una máxima, ya famosa, contundente: "Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando con esta organización".
Sin embargo, el guión de José Antonio Griñán fue muy otro. El presidente de la Junta de Andalucía defendió la gestión de la empresa pública y se refirió a un informe en el que, según dijo, se detectaban hasta "trece manipulaciones" de la cinta grabada a la presidenta entonces de la entidad.
Griñán, además, trató de desvincularse del nombramiento de esta responsable, a pesar de que fuera designada durante su mandato el 29 de julio de 2010.