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La Junta "se quita de en medio" en el conflicto en Jerez por la basura

La alcaldesa del PP se ha quejado de la actitud de la Junta ante la situación que vive la ciudad tras 20 días de huelga.

Basura acumulada en las calles de Jerez de la Frontera. | EFE

La huelga de los servicios de recogida de basura en Jerez de la Frontera lleva veinte días y la situación está empezando a descontrolarse. La noche del pasado martes ardieron muchos contenedores por distintos puntos de la ciudad gaditana. Su alcaldesa, Mª José García Pelayo, del PP, ha explicado en esRadio cómo se ha llegado a este punto y las soluciones que baraja el ayuntamiento.

La alcaldesa ha comentado que "esto ocurre porque el ayuntamiento tiene una deuda de 1.000 millones de euros" y las medidas que se han estado tomando desde el consistorio, como "despedir a 260 trabajadores y reducir un 20% los sueldos" se han intentado aplicar a las empresas concesionarias.

Ahí es dónde está el conflicto porque "la gran mayoría lo han aceptado" pero en el caso de Urbaser, la empresa que se encarga de los servicios de limpieza, no ha sido así. Mª José García ha indicado que "cuando la empresa se lo trasladó a los trabajadores y ellos no asumieron ninguna reducción salarial" y fueron a la huelga.

La Junta en el inicio del problema

La alcaldesa de Jerez de la Frontera ha explicado que "todo el problema arranca porque la Junta de Andalucía el primer día de huelga fijó un 10% de servicios mínimos" como en otra huelga que hubo anteriormente.

Pero en una ciudad que "genera 274 toneladas de basura al día" los servicios mínimos supusieron que la basura "se comenzara a acumular sin recoger". Mª José García-Pelayo ha indicado que "el ayuntamiento fue al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" y ganó un procedimiento por el que "se reconocía unos servicios mínimos del 50%".

El problema fue que eso sucedió "al sexto día de huelga y con lo cual ya había acumuladas muchas toneladas de basura" ya que se recogían solamente "14 de las 274 toneladas". Mª José García-Pelayo ha dicho que "esto ha provocado la situación actual" y que "la Junta de Andalucía lejos de garantizar el derecho a la salubridad se ha quitado de en medio". La alcaldesa ha afirmado que la Junta de Andalucía "ha intentado hacerle daño al gobierno de la ciudad sin darse cuenta de que estaba haciendo daño a la propia ciudad".

La versión de la Junta para no actuar

Mientras en Jerez crece la indignación, el jefe de Salud Pública de Cádiz, Andrés Rabadán, ha asegurado que pese a que las calles de Jerez acumulan más de tres mil toneladas de basuras, "a fecha de hoy no hay riesgo inmediato para la salud".

"No discuto con los vecinos; hay malos olores, nauseabundos, pero lo olores no generan alerta sanitaria. Y hay ratas, siempre las hay en las ciudades, y moscas, pero no hay riesgo ninguno de epidemia; a día de hoy no hay peligro inmediato para la salud", ha subrayado.

El departamento que dirige Andrés Rabadán, dentro de la Delegación en Cádiz de la Consejería de Salud, está siendo criticado sobre todo por los vecinos de Jerez, que no entienden cómo se puede hablar de la salubridad de su ciudad cuando se tropiezan por todas partes con montañas de basuras.

La Junta de Andalucía asume los informes técnicos que diariamente elaboran sobre el terreno cinco inspectores y que siguen llegando a la conclusión de que no hay motivos de alerta sanitaria que obliguen a tomar medidas.

La quema de contenedores

En Jerez, mientras, la situación sigue complicándose. Uno de los episodios más tensos que ha vivido la ciudad andaluza ha sido la quema de contenedores por toda su geografía la noche del pasado martes. La alcaldesa ha contado que "cuando tiene 25 fuegos simultáneamente por toda la ciudad hay que pensar que son actos vandálicos y actos organizados".

Por ese motivo ha indicado que "hay que lamentarlo y condenarlo" y avisa "a los que queman los contenedores" de que "al final todos los ciudadanos vamos a tener que pagar esos 280 contenedores que por ahora han ardido". La alcaldesa no sabe "quien los está quemando" y ha apuntado que "quien lo esté haciendo está infringiendo el código penal pero, sobre todo, está causando un daño y poniendo en peligro a los ciudadanos".

Mª José García-Pelayo ha dicho que piensa que "hay que lanzar una llamada para que el que lo está haciendo o los que los están haciendo organizadamente rectifiquen, recapaciten y se den cuenta de que ese no es el camino". La alcaldesa cree que "lo que hay que hacer es sentarse y hablar las horas que sean necesarias y pensar en el interés general de esta ciudad". En cualquier caso, ha dicho que ambas partes deben ceder. García-Pelayo ha explicado que gran parte de lo que recauda la ciudad "va destinado a pagar nóminas cuando hay que hacer otros servicios en la ciudad".

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