El Poder Judicial se encuentra en alerta máxima tras la amenaza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Nos va a barrer".
Sánchez comparecía este lunes desde el Palacio de la Moncloa tras tomarse cinco días de reflexión al conocer la investigación a su esposa Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y la reapertura en la Audiencia Nacional del caso Pegasus por el espionaje a su teléfono móvil. Finalmente, el presidente socialista anunciaba su permanencia en la presidencia con amenazas directas a los jueces y a los medios de comunicación independientes. En este contexto, hablaba de "un punto y parte" y que era necesaria "una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar, vienen curvas. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo. La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra".
"En la judicatura también existe el temor de que Sánchez reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para jubilar anticipadamente a los 65 años a los magistrados del Tribunal Supremo, que a día de hoy pueden continuar hasta los 72 años. Posteriormente, tomaría el Alto Tribunal eligiendo a jueces de la asociación izquierdista de Juezas y Jueces para la Democracia tras haber asaltado previamente el CGPJ. También podría aprobar una leva masiva de jueces sin oposición para controlar el Poder Judicial", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "tampoco se puede descartar que Sánchez elabore una Ley como la que se hizo en defensa de la Segunda República en 1931 con el objetivo de perseguir a todos aquellos que considere enemigos de su régimen y con la que podría intervenir o intentar cerrar incluso medios de comunicación críticos con su Gobierno".
"Sánchez va a dar todo a sus socios de legislatura independentistas de Cataluña. Desde un Consejo de Justicia autonómico, a un referéndum de independencia pactado o la Ley de amnistía de 1-O que se tramita en la actualidad. Para ello, contará con la colaboración del Presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, que ya ha efectuado una mutación constitucional con su poder desde el Tribunal de Garantías", destacan.
"Por último, no hay que olvidar su ya anunciada intención de dar el poder de la instrucción a los fiscales. Sánchez quiere controlar la investigación del caso Pegasus y de su esposa, casos que le salpican de lleno a él mismo. La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Por ello, Begoña Gómez debe ser investigada de una forma real y rápida. Atendiendo a este panorama judicial se explica su permanencia en la presidencia. No va a renunciar a su aforamiento y a la protección que le ofrece la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz", concluyen.
Una vía a la imputación de Sánchez por malversación
Tal y como publicó este diario, el caso de Begoña Gómez abre una vía a la imputación de Pedro Sánchez por un delito de malversación por los rescates a Globalia. Los rescates aprobados a Globalia por una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros podrían constituir un delito de malversación y prevaricación por parte de los miembros del Consejo de Ministros protagonistas del dominio del hecho. Es decir, aquellos que tuvieron una intervención e implicación directa en el presunto hecho delictivo.
En este contexto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, cuya esposa tuvo la vinculación directa con Globalia a través de Javier Hidalgo y su filial Wakalua; el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos; la ministra de Hacienda María Jesús Montero; así como la entonces ministra de Economía Nadia Calviño, serían a priori los principales señalados por tener responsabilidad directa en el destino de centenares de millones de euros públicos para el grupo empresarial.