El caso de Begoña Gómez abre una vía a la imputación de Pedro Sánchez por un delito de malversación por los rescates a Globalia. La Fiscalía Provincial de Madrid recurría el jueves en tiempo récord la investigación iniciada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra la esposa del presidente del Gobierno por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia presentada por Manos Limpias. Sánchez anunciará este lunes si continúa en la presidencia del Gobierno.
El Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2020 una ayuda de 475 millones de euros para la aerolínea Air Europa por el "carácter relevante en el transporte aéreo español, tanto por el volumen de pasajeros transportados, como por los mercados y las rutas atendidas" de la compañía que preside Juan José Hidalgo. La aerolínea también recibió en 2020 un préstamo de 140 millones de euros avalado por el Instituto Oficial de Crédito (ICO), sumando un total de 615 millones de euros de dinero público invertidos en esta compañía. Además, en marzo de 2021, el Gobierno dio luz verde al rescate de 320 millones de euros que solicitaron conjuntamente Halcón Viajes y Avoris, las dos agencias de viajes de Globalia y Barceló, para llevar a cabo su fusión a través de Avoris Corporate.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "los rescates aprobados a Globalia por una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros podrían constituir un delito de malversación y prevaricación por parte de los miembros del Consejo de Ministros protagonistas del dominio del hecho. Es decir, aquellos que tuvieron una intervención e implicación directa en el presunto hecho delictivo".
"En este contexto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, cuya esposa tuvo la vinculación directa con Globalia a través de Javier Hidalgo y su filial Wakalua; el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos; la ministra de Hacienda María Jesús Montero; así como la entonces ministra de Economía Nadia Calviño, serían a priori los principales señalados por tener responsabilidad directa en el destino de centenares de millones de euros públicos para el grupo empresarial", añaden.
Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que "la investigación está en peligro después del recurso presentado en 24 horas por la Fiscalía directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid. No hay ninguna parte personada más en la causa y los magistrados de la Audiencia sólo examinarán el criterio del Ministerio Público. En el caso de que la investigación impulsada por el juez Peinado prosperase, el instructor tendría que presentar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno salpicados al estar aforados en el momento procesal oportuno".
"No es habitual que se admita una denuncia sólo con noticias periodísticas, pero tampoco es normal que ante el conocimiento de una presunta conducta delictiva, la Fiscalía haya hecho oídos sordos y no haya actuado de oficio iniciando la pertinente investigación, en este caso contra la propia Begoña Gómez. La oposición tampoco ha denunciado estos hechos como acusación popular", concluyen.
La fiscal investigada por la filtración recurre en tiempo récord
Tal y como publicó este diario, la Fiscalía Provincial de Madrid que dirige Pilar Rodríguez ha recurrido en apenas 24 horas la investigación iniciada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La Junta de Fiscales de Sala colonizada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acordaba el pasado miércoles informar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en contra de la investigar a la propia fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez y al fiscal del caso Julián Salto por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña. La cúpula fiscal avalaba así el criterio de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, de no admitir a trámite la querella presentada por Alberto González Amador. No obstante, ahora la última palabra la tendrá el TSJ de Madrid.