Izquierda Unida se ha plegado a los deseos del PSOE y ha renunciado a exigir las responsabilidades que señalaba hace ocho meses. La primera comisión de investigación del Parlamento andaluz tras 17 años de gobiernos socialistas sin ellas, se salda con el silencio o la impunidad de muchos de los actores que hicieron posible, por acción u omisión, el mayor escándalo de corrupción de los últimos años. Los más de 1.000 millones de euros gestionados como un "fondo de reptiles" han resultado ser responsabilidad del subordinado director general Francisco Javier Guerrero y del ex Interventor General de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, que denunció en 15 ocasiones las irregularidades sin que ningún alto cargo socialista del gobierno hiciese nada.
Todos los periódicos se hacen eco del resultado de los trabajos de la Comisión y casi todos con el mismo titular: "La Comisión de los ERE sólo señala al ex director general Guerrero y al ex Interventor" con ligeras variaciones. Del dictamen inicial presentado por el presidente de la Comisión, Ignacio García, de IU, se han eliminado 68 párrafos de los 196 concluyendo que la "responsabilidad política directa" sólo recae en el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y la responsabilidad a nivel "técnico" del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez.
El PP, que ha calificado de "bodrio" la ponencia síntesis elaborada por García, ha votado en contra argumentando que su enmienda a la totalidad del texto se debe a "la máxima magnitud de responsabilidad la tienen el propio presidente José Antonio Griñán y el expresidente Manuel Chaves, que miraron para otro lado o permitieron y ampararon las ayudas fraudulentas".
La mala situación del ex director general Francisco Javier Guerrero era evidente, por cuanto el responsable directo de la concesión de muchas de las ayudas proporcionadas con el "fondo de reptiles" era él. Si bien, nadie se explica cómo un director general por encima del cual está un viceconsejero, un consejero y todo el consejo de Gobierno pudo desviar dinero en cantidades muy importantes, e incluso dotar a su chófer de millones de euros, sin que lo supieran sus superiores. La cantidad manejada, que asciende a más de 1.000 millones de euros hacen inexplicable la conclusión de la Comisión.
Se veía venir que el ex Interventor de la Junta iba fraguando como chivo expiatorio perfecto. Precisamente, el interventor Manuel Gómez fue quien alertó hasta en "quince momentos diferentes" de las "graves deficiencias" que encerraba el procedimiento para repartir ayudas millonarias a empresas en crisis. Lo dijo por escrito, lo dijo en la Comisión, dos veces, y lo explicó a la Cámara de Cuentas señalando que una breve orden de José Antonio Griñán, entonces consejero de Economía y Hacienda, habría terminado con las irregularidades. Pero al final, la Comisión le considera responsable a él mismo por no haber emitido un informe de actuación a pesar de haber razones suficientes para ello, según se recoge el párrafo 169.1 de la ponencia presentada por Ignacio García, punto que se ha mantenido con los votos de los grupos que componen el Gobierno andaluz.
Con estas conclusiones, el PSOE arrastra a sus posiciones a IU. José Antonio Griñán es el gran vencedor de esta batalla que aún no ha terminado porque quedan los resultados de la investigación judicial. De ser diferentes sustancialmente a los aprobados el jueves en la Comisión, se estaría ante otro escándalo monumental.
¿Se libran Viera y Fernández?
El PSOE ha querido limitar la responsabilidad a al exdirector general Guerrero y salvar así, además de a Griñán y a Chaves, a sus ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. Izquierda Unida que, en un principio, pareció haber encontrado el equilibrio ideal, acusando a Viera y Fernández sin tocar a Chaves ni a Griñán, se ha plegado a los deseos del PSOE, negando incluso lasa conclusiones iniciales que presentó. El PP queda completamente solo en la exigencia de responsabilidades más amplias. Las enmiendas del PP, rechazadas por PSOE e IU, situaban como máximos "responsables políticos" al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. También incluía, entre otros, a los consejeros de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.
Este texto será remitido al Pleno del Parlamento andaluz, donde se debatirá el próximo miércoles a partir de las 16:30 horas. El presidente de la Comisión de Investigación, Ignacio García, será el encargado de presentar el Dictamen en la sesión plenaria.