No será el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien comparezca en el Congreso para dar expliaciones sobre el caso Bárcenas y su relación con la amnistía fiscal aprobada por su Ejecutivo. En su lugar, será el ministro Cristóbal Montoro quien dará este miércoles a las 12:00 en la Comisión de Hacienda. Un anuncio del Ejecutivo, la comparecencia "a petición propia", que se produjo previamente a la reunión de la Diputación Permanente del Congreso que debate precisamente sobre la comparecencia de Rajoy y Montoro sobre el caso Bárcenas, y que persigue eclipsar el dictamen de un órgano que hoy, gracias a la mayoría absoluta del PP, le ahorrará el mal trago al jefe del Ejecutivo.
Al menos, de momento, habida cuenta de que la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso fijaron para el próximo día 30 de enero un pleno extraordinario y una sesión de control en la que los grupos podrán exigirle a Mariano Rajoy un posicionamiento sobre el escándalo que el ex tesorero ha provocado en el seno del PP.
Según adelantaron fuentes parlamentarias a Libertad Digital, el PP votará hoy en contra de la comparecencia de Mariano Rajoy. Sólo se aceptará tres comparecencias de las nueve que solicitan los grupos -el presidente y ocho ministros-: la de Cristóbal Montoro, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, por la intervención en Malí y sus declaraciones sobre Cataluña en la Pascua Militar; y la del secretario de estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, sobre las perspectivas económicas de la Unión.
Su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, justificó el sentido del voto del PP por la cercanía del inicio del periodo ordinario de sesiones, que no conllevaría la convocatoria de otro pleno extraordinario, y aseguró que el día 30 los grupos podrán satisfacer sus preguntas. "El PP ha apoyado que el miércoles de la semana que viene el presidente del Gobierno venga al pleno. A partir de ahí, lo que le quieran preguntar es cosa de la oposición. No le puedo decir lo que le van a preguntar pero contestará a lo que le pregunten". Alonso tildó además de "reacción rápida del ministro y del propio Gobierno" la comparecencia de Montoro "que es el que ha pedido comparecer y a nosotros nos parece bien que eso sea así". Añadió
Rubalcaba pedirá su dimisión
El objetivo es conocer los detalles sobre el proceso de regularización fiscal aprobado por su departamento y la relación que podría tener con el caso Bárcenas, en el caso de que el ex tesorero del PP fuera uno de los beneficiados por la amnistía. Un punto que el Gobierno se niega a desvelar habida cuenta de que "hoy por hoy la ley no lo permite".
La noticia ha sido acogida con relativa satisfacción por el PSOE habida cuenta de que "llevamos meses pidiendo que venga y el ministro sólo ha comparecido una vez" desde que tomó posesión hace más de un año. "Ya está tardando", insisten en el PSOE. Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, adelantó que el PSOE pedirá este miércoles al juez Pablo Ruz "que cite a declarar a Bárcenas y que investigue los sobresueldos en el PP". Y avanzó también que "si se demuestra que el señor Bárcenas ha utilizado la amnistía fiscal, pediremos que el señor Montoro deje el ministerio de Hacienda porque no le puede pedir un esfuerzo fiscal a los ciudadanos quien ha montado una amnistía fiscal que permite que el señor Bárcenas y otros Bárcenas blanqueen su dinero producto del delito".
La "pantomima" con los grupos
El malestar entre los grupos a cuenta de este caso de los sobresueldos y recibís que concedía el propio Bárcenas motivo ayer lunes la convocatoria por parte del Gobierno de un pacto anticorrupción con todos los grupos parlamentarios. El Gobierno está "a la espera" del informe del Servicio de Estudios para poner negro sobre blanco sus propuestas legislativas o endurecimiento de las actuales leyes.
Desde el PP Alfonso Alonso adelantó que "me consta que el Gobierno ya ha entablado el contacto todos los grupos políticos" porque "no puede ser que los procedimientos que afectan a estos casos se demoren diez o quince años. Por ello, el Gobierno "prepara iniciativas en este sentido".
Fue precisamente la petición de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, para quien no es suficiente las explicaciones sino las reformas legales, entre ellas el endurecimiento del Código Penal, que impida que la corrupción "ya no esté generalizada sino institucionalizada". Recomendó que "Si el PP es una victima lo que tiene que hacer es acudir a la Fiscalía" y añadió "hacer un gran debate o un acuerdo está bien si a la vez hacemos modificaciones legales porque si no, no sirve para nada. Lo único que estamos haciendo es extender el agua turbia".
Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, el acuerdo que impulsa el Ejecutivo tiene un pero: "lo que no queremos que sea es una especie de extensión de la tinta del chipirón. Ahora que el PP tiene un problema, vamos a hacer como si todo el mundo lo tuviera..." A su juicio, su partido es "el único que no lleva imputados en sus listas" y que no ha acudido nunca a los tribunales por corrupción o financiación irregular.
También el líder de IU, Cayo Lara, quiso aportar al debate recomendándole al jefe del Ejecutivo que compareciera en el Congreso porque "el partido que da apoyo al Gobierno tiene un problema muy serio y tiene que dar explicaciones" porque la auditoría interna del PP es "una pantomima y una cortina de humo".