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Griñán ataca al PP por el caso Bárcenas pero calla sobre los ERE

El presidente andaluz no dijo nada sobre el caso de los ERE ni permitió preguntas sobre el tema aduciendo que "ahora sacarán la basura".

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El secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, arremetió el lunes contra el PP por el caso Bárcenas, al que contrapuso la actitud de los socialistas en la trama de los ERE fraudulentos. Griñán defendió la "transparencia" con la que actuó el PSOE en este caso, frente a la "opacidad" del PP.

Griñán dijo que la Junta se personó como acusación y ha pedido "fianzas" para dirigentes del partido. Sin embargo, recuerda El Mundo, no dijo ni una palabra sobre el caso de los ERE ni permitió preguntas sobre el tema aduciendo que "ahora sacarán la basura".

La "transparencia" del PSOE en los ERE

  • Se negó a entregar la documentación requerida por la Juez Alaya. No quiso entregar las actas de los Consejos de Gobierno escudándose en el secreto de las deliberaciones. El conflicto tuvo que resolverlo el Tribunal Supremo, previa intervención del tribunal de conflictos, dando la razón a la juez y permitiéndole ver los papeles. Esos impedimentos provocaron que los papeles se vieran con un retraso de seis meses.
  • Trató de recusar a la juez Alaya, vía la exdirectora económica de Mercasevilla, por el trabajo del marido de ésta como auditor. Sin embargo, la Audiencia de Sevilla lo rechazó de plano pese que la Fiscalía apoyó en primer momento la recusación, igual que las defensas. Otro parón.
  • La juez Alaya tuvo que dar varios ultimatum a la Junta por no entregar los papeles pedidos y la Guardia Civil se quejó de que no tenía todos los papeles de la Junta e incluso decía que en la web oficial podían encontrar más información que la remitida por la Junta.
  • Cuando entregó los papeles, ni siquiera estaban ordenados. La juez hablaba de "un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos" y lleno de "notas manuscritas y borradores".
  • La manera de organizar y reglar el funcionamiento de la Comisión de Investigación en el parlamento andaluz, con el acuerdo de IU, determinó la imposibilidad de que la misma llegase a buen puerto. Hasta diez veces tuvo que pedir la oposición la comisión de investigación parlamentaria. Sólo cuando el PSOE empezó a gobernar en coalición con IU, accedió. Finalmente, la Comisión degeneró en paripé y ni siquiera vio sus conclusiones aprobadas en la Cámara autonómica.
  • El diputado del PSOE, Alfonso Guerra, deslizó malintencionada y falsamente que la juez Alaya tenía "una relación fuerte personal" con Juan Ignacio Zoido, presidente del PP andaluz. Inmediatamente el CGPJ actuó de oficio, tildando al socialista de machista y de invadir la esfera personal. Y el consejero de Justicia, Emilio Llera, la calificaba de trabajadora además de muy "guapa". Tuvo que rectificar.

La "transparencia" del PSOE en otros casos

  • Sólo recordando algunos casos se obtiene una respuesta cumplida. Después de haber transcurrido 18 años desde la denuncia, el PSOE, ni Manuel Chaves, ni todos los dirigentes socialistas implicados en el caso Caja de Ahorros de Jerez, donde un préstamo otorgado al PSOE desapareció del circuito informático de la Caja de Ahorros, ha dado explicación alguna.
  • Tampoco tuvo explicación cómo es que algunas pruebas audiovisuales del caso Chaves contra El Mundo desaparecieron de los juzgados de Sevilla.
  • Sigue sin explicarse el famoso robo de documentos del despacho del hijo de Chaves, el "comisionista" Iván Chaves.
  • Y sigue Manuel Chaves sin explicar por qué no se abstuvo en la votación del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía sabiendo que en su sesión iba a aprobarse un incentivo de 10 millones de euros a Minas de Aguas Teñidas, SA, la empresa en la que trabajaba su hija, Paula Chaves.
  • Tampoco se ha dado explicación sobre la elevadísima tasa de enchufismo familiar de los altos dirigentes del PSOE ni se ha explicado por qué se ha creado y sostenido con enchufismo descarado la administración paralela marginando a los funcionarios de carrera y provocando un elevado costo a las arcas autonómicas.

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