En una nueva sentencia, el Tribunal Supremo reconoce el derecho de una familia a recibir educación en castellano en Cataluña. Sin embargo, no cuestiona el modelo de inmersión. Esta nueva decisión judicial se produce tras presentar esta familia un recurso de casación contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que supeditaba la educación en español a lo que decidiera la justicia en cada caso concreto.
Y es que ese auto del TSJC zanjaba, en marzo del año pasado, la polémica que suscitó ese mismo tribunal al dar un ultimátum de dos meses a la Generalidad para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, en ejecución de una sentencia del propio Supremo.
Ahora, el Alto Tribunal reconoce en una nueva sentencia el derecho de los alumnos catalanes a ser escolarizados en castellano y catalán, en el centro y curso en los que estos estudien, pero ahora que sin que ello afecte de forma global al sistema de inmersión lingüística en Cataluña. En este nuevo fallo se reconoce el derecho de las familias a que sus hijos sean escolarizados en ambas lenguas como vehiculares, pero sin obligar a la Generalidad a reformar todo el sistema de inmersión.
Con anterioridad, el TS instó en repetidas ocasiones a la Generalidad a "adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán", y especificaba que el castellano debía ser "reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria".
Ahora, si bien recuerda lo dicho en su anterior sentencia, aclara que se refería a que "el derecho que se reconoció al recurrente en representación de sus hijos fue que a estos, en el centro y curso en que se escolarizaran, se les educase en ambas lenguas vehiculares catalán y castellano, para lo que deberán adoptarse las medidas precisas por la Administración Educativa catalana (...)".
Y continúa señalando que:
"ése fue el sentido del fallo de nuestra sentencia de nueve de diciembre de dos mil diez, que ha de interpretarse, en atención a la legitimación que correspondía al recurrente y al sentido de la petición que en su día dirigió a la Generalidad de Cataluña, como un reconocimiento de que el derecho que impetraba no satisfacía con la prestación a sus hijos de una atención particularizada en castellano, sino con la entera transformación del sistema, de modo que sus hijos junto con sus condiscípulos utilizaran, en la proporción que la Generalidad estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, pero referido ese sistema al seguido en el colegio y curso en que los hijos del recurrente siguieran la enseñanza".
Por ello, desestima el recurso de casación interpuesto por Convivencia Cívica Catalana, en representación de esta familia, y le condena a pagar las costas", 4.000 euros en total porque atiende a las "circunstancias concurrentes en el proceso relativas a la dificultad del mismo y el número de motivos planteados en el recurso".
Rigau manda un mensaje a Wert
Desde la Generalidad no han tardado en apuntarse este triunfo. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ha exigido al ministro de Educación, José Ignacio Wert, "un cambio de mantra".
Rigau ha mostrado su satisfacción y ha interpretado que este fallo no obliga a cambiar el modelo en el aula o el colegio al que asista el alumno cuya familia quiera que aprenda en castellano, "porque también están los derechos de las otras familias" y ha recordado que esta sentencia afecta a un caso y que quedan los recursos presentados por otras cuatro familias, aunque confía en que el Supremo siga su jurisprudencia.
Rigau ha opinado que la sentencia del TS "ratifica que lo que toca es la atención individualizada y no cambiar el sistema" y ha defendido un modelo de inmersión que, a su juicio, garantiza que al final de la enseñanza obligatoria los alumnos dominen tanto el catalán como el castellano. La Generalidad, ha subrayado, nunca "separará por razón de lengua" ni aplicará una doble línea de enseñanza, una en castellano y otra en catalán, porque "no favorece la cohesión social", por lo que, ha dicho, "nunca avalaremos un modelo de separación".