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España tiene 1.661 causas judiciales abiertas por corrupción

Un estudio refleja que los jueces tramitan en la actualidad 1661 casos de corrupción política y económica.

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El último barómetro del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) publicado el pasado 8 de abril reflejaba que la corrupción se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles por detrás sólo del paro.

Un estudio realizado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, dado a conocer este miércoles, refleja que en nuestro país se investigan más de 1600 casos de corrupción política y económica.

En concreto, los 4750 jueces españoles tienen abiertas en la actualidad 1661 causas relacionadas con delitos de corrupción como prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.

Esta cifra por escandalosa que pueda parecer tan sólo supone el 0’03 por ciento de las diligencias previas abiertas en la jurisdicción penal en nuestro país.

De estas causas, 302 son consideradas "macroprocesos" por el volumen de implicados en las mismas y por la complejidad de los hechos investigados como es el caso, por ejemplo, de la trama Gürtel, el caso Palma Arena o los EREs fraudulentos en Andalucía.

Por territorios, la comunidad donde se investigan más casos relacionados con la corrupción es Andalucía, donde 100 juzgados tramitan 656 causas complejas. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 280 asuntos de esta índole, Cataluña con 215, Canarias con 197, Madrid con 181 y Galicia con 110.

Según este estudio, que el presidente del CGPJ Gonzalo Moliner ordenó llevar a cabo el pasado mes de enero, la Audiencia Nacional tramita actualmente 91 causas de especial complejidad, 14 de ellas "directamente relacionadas con presuntas irregularidades en la gestión de intereses públicos o privados".

Dado el ingente número de investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción, el órgano de gobierno de los jueces ha solicitado al Ministerio de Justicia "más medios materiales y personales" para que los togados puedan luchar contra esta lacra social.

Más medios contra la corrupción

En concreto, el CGPJ va a solicitar al departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón que nombren al menos a 64 jueces de refuerzo, a 18 secretarios judiciales y a 150 nuevos funcionarios de apoyo, así como que se inicien iniciar conversaciones con los Ministerios de Hacienda y de Interior agilizar la tramitación de estos "macroprocedimientos".

La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, ha explicado en rueda de prensa este jueves que dichos contactos se llevarían a cabo para que la Agencia Tributaria, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) "agilicen" los trabajos encomendados por los juzgados españoles.

Este informe, que desde el CGPJ se ha calificado como "provisional" no distingue cuantos de estos casos afectan a políticos, no incluye las causas especiales que se tramitan actualmente en el Tribunal Supremo y tampoco calcula el tiempo medio de instrucción de cada caso.

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