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La lengua y la pérdida de competencias enfurecen a los nacionalistas catalanes

No sólo la cuestión lingüística indigna al gobierno de Artur Mas, que prepara una cumbre contra las "agresiones" de la LOMCE.

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No sólo la cuestión lingüística indigna al gobierno de Artur Mas, que prepara una cumbre contra las "agresiones" de la LOMCE.
La consejera catalana de Educación y Wert, al fondo | Archivo

El Gobierno catalán, y también los representantes de CiU y ERC en Madrid, está en pie de guerra contra la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa. Su malestar se ha hecho más público y notorio desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy la aprobara en Consejo de Ministros. Y su retórica belicista se torna en amenaza directa. "No acataremos este atraco", le advirtió el pasado miércoles el diputado de la Esquerra, Alfred Boch, al ministro José Ignacio Wert. Es "un golpe de Estado a la inmersión lingüística y, por tanto, un atentado a la cohesión", le espetó un día antes el senador de CiU, Ramón Alturo Román.

¿Pero es sólo la cuestión lingüística lo que preocupa a los nacionalistas catalanes de la nueva reforma educativa? Es en este apartado donde están poniendo toda la carne en el asador, sí, pero no es su único motivo de inquietud.

El pasado miércoles, en la Comisión de Educación celebrada en el Congreso, el diputado de CiU Martí Barberá dejó el polémico asunto lingüístico en un segundo plano y se centró fundamentalmente en el tema competencial. "Es un cambio de modelo muy importante", le reprochó a Wert. Y se quejó: "el Estado recupera el control de las asignaturas más fuertes". El propio Artur Mas hizo este viernes un llamamiento a CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP para que forjen una alianza contra "las agresiones" que a su juicio contiene la LOMCE. Agresiones contra la lengua, pero también califica así el hecho de que el Ejecutivo central se arrogue la capacidad de decidir los contenidos de las materias que, según él, debería mantener la Generalidad.

Las asignaturas y las reválidas

Y es que la capacidad de decisión del Estado sobre el volumen total del currículo aumentará ahora del 65% al 75% para las comunidades autónomas sin lengua cooficial, y del 55% al 65% en las comunidades con lengua propia. El Estado pasará a 'controlar' el cien por cien del contenido de las asignaturas troncales así como sus evaluaciones; el contenido de las específicas también correrá a cargo del Gobierno central, no así el de sus evaluaciones. Y sólo sobre las asignaturas de libre configuración las comunidades autónomas tendrán un control total.

Las evaluaciones nacionales y externalizadas ponen la guinda al pastel de indignación nacionalista. El Ministerio de Educación será el encargado de establecer las reválidas de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato, necesarias para obtener la titulación. El objetivo de este sistema de evaluaciones es "garantizar que unos conocimientos básicos sean homogéneos en todas las comunidades autónomas", explicaron fuentes del ministerio. Y es que desde Europa también han puesto el foco en este problema: las grandes diferencias que existen a nivel educativo entre los alumnos de las distintas autonomías.

La inmersión lingüística

La solución que se da en la 'ley Wert' a aquellos padres que quieran ver reconocido su derecho a que sus hijos estudien castellano es que estos puedan acudir a un centro privado y los costes corran a cargo de la Administración: la central, en un primer momento, y la autonómica, finalmente, puesto que estos costes se descontarán después a la comunidad autónoma de la financiación educativa. Para ello, Educación se reserva cinco millones de euros al año.

El ministro explicó esta semana que "el espacio de maniobra en este sentido, desde el punto de vista de la legislación básica, es un espacio agotado", porque según "la jurisprudencia constitucional" la competencia es de las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional, explicó Wert, no da derecho a elegir entre el castellano y la lengua cooficial en aquellos sistemas bilingües o trinlingües. "No se puede decir a una administración autonómica que instale una doble vía porque es más costosa y no se están violentando derechos constitucionales", añadió. "La doctrina constitucional es clara". Por eso, prosiguió, "damos solución en aquellas comunidades autónomas donde no se da el bilingüismo; en aquél lugar donde este derecho no existe se intenta tutelar de la forma menos invasiva posible". Y volvió a reiterar su "disposición a dialogar" con el gobierno catalán y a escuchar la oferta que tenga que proponerle en este sentido.

Pero desde la Generalidad se niegan a transigir en este asunto. Sus argumentos en este sentido son básicamente dos: el Gobierno "crea un problema donde no lo hay" porque, según expone, la inmersión en Cataluña es un sistema querido por toda la sociedad: "sólo son 17 familias" las que han acudido a los tribunales. Las fundaciones a favor del bilingüismo elevan hasta 1.000 el número de familias descontentas. Wert contesta de forma clara en este punto: "cuando hablamos de libertades el criterio cuantitativo pierde importancia".

"¿Conocen mejor el castellano?"

El segundo argumento empleado por la Generalidad está en afirmar que los alumnos catalanes conocen perfectamente el castellano; es más, sus resultados son mejores a los obtenidos por los escolares del resto de España, asegura.

El propio portavoz del govern, Francesc Homs, señaló esta semana que no hay motivos pedagógicos que justifiquen "atentar" contra el sistema de inmersión lingüística porque el Ministerio dispone de datos que indican que los alumnos de Cataluña tienen un conocimiento de la lengua castellana superior a la media española, por lo que "esto obedece a criterios partidistas" y "no es algo neutro".

Los datos indicativos a los que se refiere Homs se desprenden, fundamentalmente, del examen de Selectividad y de las pruebas que se realizan a los alumnos de 6º de Primaria, que pretender servir de orientación para profesores y alumnos. No obstante, en estas pruebas el examen en lengua castellana es más fácil que el del catalán. Así se desprende del exhaustivo estudio realizado por Convivencia Cívica Catalana. En concreto, el análisis se centra en las pruebas de evaluación de competencias básicas de Educación Primaria y también de las de acceso a la Universidad.

Así las cosas, desde la Generalidad se prepara una cumbre para este martes para entablar una alianza contra "las agresiones" que consideran que comete tanto el Gobierno como el ministro de Educación, José Ignacio Wert, con la LOMCE.

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