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El juez Castro aprecia hasta cuatro delitos contra Camps y Barberá

Castro les acusa de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial.

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El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha remitido este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) la exposición razonada proponiendo que asuma la investigación sobre el expresidente de la Generalidad valenciana, Francisco Camps y la alcaldesa de valencia, Rita Barberá, en el marco del caso Nóos teniendo en cuenta su condición de aforados al ser diputados de las Cortes Valencianas.

En 71 folios de exposición razonada, el juez José Castro estima que tanto Barberá como Camps pudieron cometer presuntamente los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial. Las penas que conllevan estos delitos que pueden sumar entre siete y 15 años de prisión, y entre 21 y 36 años de inhabilitación para empleo o cargo público, según establece el Código Penal.

En su escrito, el instructor del caso Nóos "todas las contrataciones se adjudicaron a dedo", "verbalmente", "sin estudios previos de viabilidad técnica ni de mercado en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas" aunque dándole imagen de "aparente utilidad pública" y de "ropaje jurídico" a proyectos que habían sido previamente adjudicados".

De esta forma, el magistrado apunta a la "inadecuada" elección de los cauces procedimentales a través de los cuales se contrataron los servicios de la entidad, o "mejor decir Don Iñaki Urdangarin y Don Diego Torres", toda vez que "se prescindieron" los trámites obligados por la Ley así como "el sentido común y la rutina".

Reunión en la Zarzuela

Si tanto la comunidad autónoma Valenciana como el Ayuntamiento de Valencia se prestaron a saltarse presuntamente la ley para llegar a estos acuerdos y cerrar negocios con la asociación sin ánimo de lucro que dirigía Iñaki Urdangarín fue por el "parentesco" que unía a éste con la Casa del Rey.

De hecho, en el documento, el juez de Palma de Mallorca hace referencia a la famosa reunión que mantuvieron en enero de 2004 en el Palacio de la Zarzuela Urdangarín, su exsocio Diego Torres, Camps y Barberá para cerrar los convenios de la Valencia Summit. El magistrado señala que no fue baladí que el encuentro se celebrara en el domicilio de los Reyes ya que con esta localización el Duque de Palma trató de crear "un mayor impacto psicológico hacia las autoridades valencianas".

La relación del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia con el Instituto Nóos consistió en la organización de tres ediciones de la cumbre deportiva Valencia Summit (de 2004 a 2006) y en la preparación de la candidatura de la ciudad a unos Juegos Europeos, que nunca se celebraron.

Castro señala que de la investigación del caso Nóos se desprenden "indicios racionales de que en la ciudad de Valencia había tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva" en los que Camps y Barberá han podido tener "decisiva e imputable intervención", después de haberse inhibido el pasado miércoles de la instrucción de la causa en la parte referida a Valencia y haber propuesto al TSJ valenciano que asuma la competencia.

Ahora, el TSJV deberá emitir un auto en que asumirá previsiblemente la investigación sobre los aforados Barberá y Camps.

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