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UGT y CCOO cobraban por los ERE y por los cursos de formación

Llamaban "itinerarios de reinserción" a los cursos para los empleados que impartían en sus propios centros.

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UGT y CCOO consiguieron ingresos por doble vía. Por una parte, casi 8 millones de euros cobraron, según la juez Alaya, como comisiones en la intermediación del negocio de los ERE montado alrededor de las consultoras "amigas". Pero queda por determinar la segunda parte de un pingüe negocio para UGT y CCOO: la formación que ellos mismos se encargaban de proporcionar a los despedidos de estos expedientes de regulación de empleo.

Según publica La Razón, los sindicatos UGT y CC OO también pactaron con la Junta de Andalucía la gestión de los cursos de formación de los trabajadores despedidos en los ERE financiados con fondos públicos. Llamaban "itinerarios de reinserción" a los cursos para los empleados que impartían en sus propios centros.

El caso de la Faja Pirítica de Huelva es paradigmático. Por una parte, los dirigentes sindicales Salvador Mera, secretario general de la UGT de Cádiz, y Roberto Carmona, ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en Andalucía, pidieron 180.000 euros cada uno a la intermediaria Uniter para cubrir gastos meramente sindicales como manifestaciones, autobuses, pancartas, etc.

Pero, además, como se demuestra en un correo electrónico que consta en las actuaciones judiciales, Carmona traslada a la Junta de Andalucía los problemas de cobro de algunos ex trabajadores acogidos a las becas formativas como parte del plan de reestructuración de la minería. El e-mail lo envía Forem Huelva y en él se destaca la importancia "alta" del asunto. Se trata de la Fundación para la Formación y el Empleo de Andalucía (Forem), un organismo creado por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía en febrero de 1992.

Forem se define como "una entidad privada, sin ánimo de lucro, que nació con el objeto de satisfacer las necesidades de los trabajadores y trabajadoras andaluces en materia de formación y empleo". Según anuncia en su página web, "a partir de 1993, los cursos que realizaba CCOO-A pasan a ser realizados por su fundación".

La formación de los 2.000 despedidos en el caso está acordada en el protocolo de colaboración firmado entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y las organizaciones sindicales UGT y CCOO para la gestión de ayudas.

En su segundo punto, se firma que el Gobierno andaluz y los "sindicatos de clase" acuerdan que la Junta "realizará un Plan de Formación Básica y Especializada para los trabajadores que se relacionan en el anexo número 2, dotado con una beca de asistencia de 420,71 euros mensuales. Este plan de formación se mantendrá hasta que los trabajadores hayan adquirido la cualificación necesaria que posibilite su recolocación. El correo electrónico muestra cómo las centrales sindicales acaban también participando en este proceso e impartiendo las acciones formativas.

Recuérdese además la utilización de asociaciones de ex trabajadores afectados por los ERE para recibir los fondos públicos. En el caso de la Asociación constituida para atender a los ex empleados de la Faja Pirítica, los dos sindicalistas detenidos el martes –Mera y Carmona– fueron clave en su constitución. Según la juez, aunque controlada por UGT y CCOO, la gestión le correspondió al bufete de abogados Villasís, ya en libertad tras abonar una fianza de 150.000 euros.

La instrucción revela que los sindicatos se "apoderaron de las indemnizaciones" que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abonó a cada prejubilado, 7 millones de euros "que se destinó este dinero para un uso particular y ajeno a los trabajadores cedentes de dichas indemnizaciones: abonar a Estudios Jurídicos Villasís cinco millones de euros de honorarios correspondiente a su relación con Uniter y el resto a la citada mediadora, no descartando que los sindicatos pudieran haberse quedado con alguna parte", dice el auto de prisión del abogado Leal Bonmati.

La relación entre este imputado y las centrales sindicales han saltado por los aires tras su declaración ante la juez y los representantes sindicales le han demandado por apropiarse indebidamente de unos 600.000 euros de la asociación de trabajadores de la Faja Pirítica.

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